El diputado Víctor Zurita propone que la legislación local garantice el derecho a la consulta de personas con discapacidad

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Morelia, Mich.; a 8 de junio de 2023.- La legislación local debe garantizar el derecho a la consulta de las personas con discapacidad, para con ello ser armónica con lo que ya disponen las normas federales, recalcó el diputado Víctor Zurita Ortiz, presidente de la Comisión Especial para la Atención de Personas con Discapacidad en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

Por ello el diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó este jueves ante el Pleno Legislativo, una iniciativa para reformar la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado, y que ésta garantice el derecho a la consulta de este sector de la población.

“Pese a que en Michoacán existe la referida Ley, la cual contempla dentro de sus principios rectores la accesibilidad, igualdad de oportunidades y la participación e inclusión en la sociedad, ésta no garantiza el derecho a la consulta, el cual demanda la participación plena y efectiva de las personas que vivimos con discapacidad”.

Víctor Zurita destacó la necesidad de establecer mecanismos de consulta para la elaboración y aplicación de la legislación, políticas y otros procesos de adopción de decisiones que incidan en la vida de las personas con discapacidad.

“No podemos hablar de una verdadera inclusión si no tomamos en consideración las necesidades del sector a quienes será dirigida la norma o política que se pretende construir, ya que éstas deben de ser adaptadas a sus necesidades y no sus necesidades adaptarse a nuestra legislación”.

Para Víctor Zurita quienes integran la LXXV Legislatura que se ha denominado como de la Inclusión, es obligación garantizar el derecho que tienen quienes viven con discapacidad para ser incluidos en la toma de decisiones que incidan de manera indirecta en su vida.

“Es por eso que esta iniciativa busca garantizar el derecho a la consulta de las personas que vivimos con discapacidad en la Ley, estableciendo reglas mínimas que deberán observar los Poderes Ejecutivo y Legislativo, tales como que la información sea emitida de manera oportuna, gratuita, en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad, utilizando la lengua de señas, el braille, entre otros”.