El debate sobre los órganos autónomos
Dra. Yurisha Andrade Morales*
En entregas anteriores he sostenido que en un régimen democrático el principio de división de poderes es fundamental para evitar la concentración del poder público y los excesos o desvíos en su ejercicio. Bajo esta lógica, los órganos constitucionales autónomos surgieron con una visión ampliada de la teoría clásica de la propia división de poderes. Se trata de órganos que cumplen funciones especializadas que requieren imparcialidad e independencia frente a los poderes tradicionales.
Sabemos que los órganos autónomos emergieron hace casi cinco décadas. México empezó a desarrollarlos a partir de los años 80, tanto en el ámbito constitucional como en su incorporación a la administración pública, entendiendo que su autonomía consiste en la facultad para dictar sus normas, definir sus estructuras orgánicas internas y manejar sus presupuestos.
Estos organismos coexisten frente a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sin depender o estar subordinados a ellos, nacen para cumplir funciones específicas observando reglas para garantizar la agilidad en su funcionamiento, control y rendición de cuentas de sus actos y absoluta transparencia en el manejo de los recursos que tienen asignados y en las decisiones que toman.
Después de más de tres décadas de desarrollo y aportaciones a nuestra democracia, el gobierno federal en turno ha propuesto la desaparición de algunos órganos autónomos. Es el caso de iniciativas propuestas por diputados de Morena para desaparecer a los institutos electorales locales, la propuesta del Senador Ricardo Monreal para fusionar en uno al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a la Comisión Federal de Competencia Económica y a la Comisión Reguladora de Energía para crear, con base en el modelo español, al Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar; o la reciente declaración del presidente de la República para desaparecer al IFT y al INAI.
Los argumentos expresados por actores políticos o por especialistas para desaparecerlos son de tipo económico en cuanto a posibles montos de ahorro en el gasto público y respecto de su desempeño. Se ha señalado, también, que su creación responde a una moda, o que su actividad debilita al sistema de gobierno, ya sea porque generan problemas de coordinación institucional o porque distorsionan la división de poderes.
Otra crítica radica en que debido a su carácter técnico no tienen legitimidad democrática, soslayando que ésta se produce al adoptar decisiones conforme a principios reconocidos por la Constitución como democráticos en tanto se conduzcan con transparencia e independencia.
Frente a las posiciones que impulsan la desaparición de los autónomos considero que debemos analizar los efectos que se generarían. La historia reciente nos dice, por ejemplo, que la erradicación de las prácticas del fraude electoral en México fue posible gracias a la instalación de autoridades imparciales y autónomas cuya aparición y consolidación está aparejada a procesos de transición que democratizaron nuestro régimen político.
En el caso del INE y de los OPL se ha insistido en el alto gasto que su funcionamiento implica, pero los resultados en materia de avances democráticos están a la vista. A partir de 2014, cuando se instauró el sistema nacional de elecciones, todas las entidades del país han tenido comicios registrándose alternancias en al menos 21 gubernaturas en los últimos 6 años. Nunca en nuestra historia se había presentado este fenómeno, lo que quiere decir que la ciudadanía, a través de las elecciones, ha premiado y castigado a las fuerzas políticas contendientes y que las autoridades en la materia han generado condiciones para el correcto ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía y para el desahogo de las contiendas con equidad y con imparcialidad.
Después de la elección presidencial del 1° de julio de 2018, las urnas reflejaron que el desencanto es con el entorno político y no con la democracia, es con la gestión y resultados de sus gobiernos y no con las elecciones como vía legítima para la renovación del poder público.
La historia muestra que si bien es inobjetable el hecho de que los regímenes democráticos son caros, el costo es más alto si las sociedades padecen regímenes totalitarios, despóticos o autoritarios. La revisión del ejercicio de los recursos públicos es importante, y absolutamente todas las instituciones públicas, incluidos los organismos autónomos, deben ser evaluadas en cuanto al ejercicio del gasto, pero también sobre los resultados específicos de su gestión.
Lo que se requiere es contar con órganos autónomos integrados con personal profesional y especializado, donde exista paridad e inclusión de los grupos en situación de vulnerabilidad en su composición, que hagan un verdadero contrapeso al ejercicio del poder.
La incorporación de órganos autónomos ha detonado avances tangibles en nuestra democracia y ha propiciado condiciones para la alternancia pacífica del poder. Es arriesgado para el país socavar el papel y resultados de estos organismos; también es verdad que hay aspectos a revisar. Un ejemplo está en los mecanismos de designación de sus integrantes y el marco ético en el cual se desempeñan. Con todo, el debate no supone su anulación, sino encontrar respuestas para fortalecer a los órganos autónomos, evitando subordinación al poder.
Desaparecerlos para encargar sus funciones a las estructuras de gobierno significaría regresar a realidades superadas y a eliminar logros democráticos evidentes. Si el INE desaparece ¿sería la Secretaría de Gobernación la que se encargaría de organizar las elecciones como a finales de los ochenta? ¿o si el IFT se suprime sería el propio gobierno quien decida sobre las concesiones del espacio radio eléctrico? o ¿si desaparece el INAI sería también el gobierno quien decida qué información se transparenta y cuál no?
¿Cómo sería nuestra democracia sin órganos autónomos? Esa es la interrogante que debemos responder.
* Magistrada Presidenta del Tribunal
Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
