El dictamen que permitirá la realización de sesiones virtuales por el Congreso del Estado, se encuentra debidamente fundamentado, por lo que no existen riesgos de inconstitucionalidad en las determinaciones que se tomen, apuntó el diputado Octavio Ocampo Córdova, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias en la LXXIV Legislatura local.
El diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, consideró que frente a la gravedad de la situación que atraviesa el país y el estado debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, se deben evitar los pretextos para rehuir el cumplimiento de responsabilidades.
“Es necesario que el Poder Legislativo tenga los mecanismos legales necesarios para la toma de decisiones; es fundamental que el Congreso al igual que los otros dos poderes del Estado, esté listo para actuar de manera inmediata en caso de ser requerido”.
Por ello, resaltó que la comisión que preside cumplió con lo que le corresponde, y que con el dictamen que realizaron se genera el marco legal para hacer posibles las sesiones virtuales de Pleno, por lo que se facilita un accionar ágil y oportuno de la Cámara en las decisiones que se precisen.
Recordó que es facultad de las Comisiones Dictaminadoras, elaborar los dictámenes de su competencia y aquellos que les sean turnados, sin que ningún órgano del Poder Legislativo esté facultado para avalar o vetar un dictamen de comisiones.
“La competencia para aprobar o rechazar cualquier dictamen elaborado por las Comisiones radica en el Pleno del Congreso; los dictámenes deben ser respetados en su contenido, para que así como fueron elaborados por las comisiones arriben al Pleno”.
Octavio Ocampo Córdova enfatizó que la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias es la especializada en la revisión de reformas a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso, y presuponer que el dictamen elaborado para dar vida a las sesiones virtuales tiene visos de inconstitucionalidad, sin haber participado en los trabajos de dictaminación, y sin consulta previa de los criterios que se aplicaron, resulta una falta de respeto al trabajo de los diputados de la Comisión y personal técnico que participó en la construcción del mismo.
