Consenso es legitimidad de la reforma
Yurisha Andrade Morales*
Modificar periódicamente el orden jurídico que nos rige es condición para mantenerlo actualizado frente a los nuevos escenarios que impone la cambiante realidad de las sociedades modernas. Tratándose de normas que regulan el juego político es imprescindible que su contenido goce del consenso de todas las fuerzas políticas que luego, durante su aplicación, deberán sujetarse a las mismas. Ya Norberto Bobbio apuntó que las reglas electorales, al ser fundantes, requieren de la aceptación de todos los actores políticos (Bobbio, El Futuro de la Democracia, 1984). Apunto, además, que la legitimidad de los gobernantes y de los representantes populares que surgen de las elecciones, depende, en buena medida, de la conformidad que los actores tengan respecto de la formulación de las reglas y de su aplicación por las autoridades correspondientes.
El consenso para definir las normas electorales se convirtió en una regla esencial en México luego de las controvertidas elecciones de 1988. Así, las reformas que dieron origen y permitieron la evolución del actual sistema nacional de elecciones, han tenido como precondición la construcción de acuerdos políticos entre las fuerzas representadas en los congresos. La reflexión es oportuna frente al reciente anuncio de la Presidenta de la República sobre la iniciativa de reforma electoral que presentará en breve, para lo cual integrará un equipo de trabajo que definirá sus alcances.
La primera mandataria se refirió a los contenidos que podrían estar incluidos en su iniciativa de reformas, entre ellos, los costos de autoridades y elecciones, los mecanismos de representación política y el financiamiento público de partidos políticos, cuyo análisis inicié en mi columna del pasado 30 de junio.Dicha agenda nos recuerda que la experiencia reciente indica que la eficacia de los organismos electorales exige mantener el principio de autonomía constitucional que se les asignó desde la reforma de 1990, además de establecer garantías para su funcionamiento permanente y la profesionalización de sus estructuras ejecutivas, así como la separación funcional que tienen para atender elecciones federales y las específicas en cada entidad federativa. Hoy la sinergia desarrollada entre el INE y los órganos electorales de los Estados ha redituado que las renovaciones de los poderes públicos sean ordenadas, pacíficas y apegadas a nuestra institucionalidad democrática con paz social.
Nuestro modelo de representación, desde la reforma política de 1977, ha logrado atemperar los efectos de la mayoría relativa con la asignación de espaciosen los órganos congresionales por el principio de representación proporcional. En mi opinión, discutir este tema en el marco de una reforma electoral tendría que ser conforme con una premisa básica: lograr que el nivel de representación que alcance un partido político corresponda, lo más cerca posible, al porcentaje de votos que obtenga en las contiendas electorales. Se trata de eliminar o, al menos, disminuir los niveles de subrepresentación o de sobrerrepresentación, según sea el caso.
En materia del financiamiento público al que tienen derecho los partidos políticos, considero que deben revisarse algunos componentes dejando una fórmula para el cálculo de las cantidades que no potencialice injustificadamente los montos a distribuir; por ejemplo, un factor a modificar sería que no se calcule tomando el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral sino en los listados nominales de electores que son las relaciones finales de personas con credencial para votar; en congruencia, la depuración de los listados debe incluir disposiciones que obliguen al registro civil a entregar al INE, en plazos específicos, la lista de personas fallecidas dado que deben descontarse oportunamente. En su conjunto, la revisión de los mecanismos de asignación del financiamiento público debe blindar el principio de equidad en la competencia entre partidos y al mismo tiempo sujetar el ejercicio del gasto al principio de máxima publicidad.
Las elecciones judiciales, en sí mismas, ofrecen diversas oportunidades de mejora, entre otras, resolver si la fecha de su jornada electoral será la misma que para el resto de las elecciones, pues ello implicaría que habría dos grupos de casillas, unas para todas las demás elecciones y otras solo para las elecciones judiciales. Pareciera que lo más sensato es realizar las votaciones en fechas distintas, solución que implicaría una duplicación de gastos, pero resolvería los problemas de logística. También habrá que revisar la incompatibilidad actual de las geografías, las características de las campañas electorales, la integración de los comités de evaluación y las reglas de verificación de requisitos de las candidaturas.
De cualquier manera, toda reforma electoral debe encontrar soluciones a las problemáticas que surgen durante la organización de los procesos electorales, encontrar soluciones adecuadas y eliminar las incongruencias que haya con el propósito de salvaguardar los derechos político-electorales de la ciudadanía. En suma, la reforma electoral es necesaria para ajustar diversos temas, pero debe provenir de los acuerdos entre los partidos políticos y tomar en consideración los diagnósticos y las propuestas técnicas de los organismos especializados en la materia, de los expertos y de la academia. Insisto, será el consenso la regla que legitime la posible reforma electoral.
*Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
