La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que preside la diputada Merilyn Gómez Pozos (Morena), aprobó el dictamen que reforma disposiciones de las leyes General de Desarrollo Social, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y General de Contabilidad Gubernamental, para establecer nuevas funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) relativas a la medición de la pobreza y la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social.
El proyecto, que corresponde a una iniciativa enviada por la presidenta de la República, cumple con lo establecido por el artículo 26, Apartado B, de la Constitución Política, en materia de simplificación orgánica, y la derogación del apartado C de dicho precepto, que extinguió el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y reasignó sus funciones al INEGI para mejorar la eficacia de los procesos relacionados con esta medición.
El documento, aprobado por 34 votos a favor y 12 en contra, refiere que la reforma es congruente y se encuentra en armonía con lo determinado en el Artículo Segundo Transitorio del decreto que modifica la Constitución Política en materia de simplificación orgánica, en donde se establece un plazo de 90 días para que el Congreso de la Unión realice las adecuaciones a las leyes respectivas.
Con los cambios a la Ley General de Desarrollo Social se sustituyen los términos “Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social” y de “Secretaría de Desarrollo Social”, por los de Instituto Nacional de Estadística y Geografía y Secretaría de Bienestar.
Determina que la medición de la pobreza y la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social, así como la emisión de recomendaciones corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de conformidad con el párrafo tercero del apartado B del artículo 26 de la Constitución Política.
Define la Política de Desarrollo Social como el “conjunto de programas, proyectos y acciones tendientes a reducir las brechas de desigualdad, pobreza, rezago social y exclusión social, que potencian y garantizan el desarrollo sostenible y con equidad”. Además, que “los proyectos, acciones y los recursos que conforman dicha Política son prioritarios y de interés público, por lo que serán objeto de seguimiento y evaluación”.
Precisa que el INEGI llevará a cabo la actualización de los lineamientos y criterios técnicos para la definición, identificación y medición de la pobreza, procurando la homogeneidad y comparabilidad de la información. La actualización de los lineamientos y criterios técnicos deberá mejorar la medición y garantizar que los indicadores de mediciones anteriores puedan seguir siendo estimados en el tiempo y espacio.
También pondrá a disposición del público la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social y el informe general sobre el resultado de dicha evaluación, a través del portal institucional y en términos de lo previsto en la legislación en materia de transparencia.
Agrega un Capítulo II, denominado “Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía”, en el que establece que, como evaluador de la Política de Desarrollo Social y medición de pobreza, se regirá por los principios de independencia, objetividad, transparencia y rigor técnico y le asigna diversas atribuciones y facultades.
En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que, en el caso del Presupuesto de Egresos, las personas legisladoras de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados tomarán en cuenta las evaluaciones que realice la Secretaría de Bienestar y el INEGI en el ámbito de sus respectivas competencias. Además, que las evaluaciones se realizarán conforme al programa anual que al efecto establezca la Secretaría de Bienestar.
Reforma la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) para armonizarla con la de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y eliminar la referencia al Coneval.
En las consideraciones, la Comisión de Presupuesto estimó oportuno realizar modificaciones a la propuesta planteada por la presidenta de la República únicamente respecto a la redacción de los artículos 5, 19 y 29 de la Ley General de Desarrollo Social contenida en el Artículo Primero del decreto, así como al artículo Primero Transitorio, y señala que los cambios a los que se hace alusión buscan el buen uso del lenguaje y la claridad de las normas.
Una vez aprobado en lo general y lo particular, el dictamen se envió a la Mesa Directiva para los efectos de su programación legislativa.
Al respecto, el diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez (PT) señaló que la reforma armonizará la ley con la Constitución, simplificará la estructura gubernamental y, con ello, fortalecerá la evaluación de las políticas de desarrollo social, a través de la función del INEGI; es decir, se fijan límites, alcances y garantiza que cada institución cuente con un ámbito de actuación clara y se eviten duplicidades.
La diputada del PVEM, María del Carmen Cabrera Lagunas, expresó que su voto es a favor, toda vez que se asigna al INEGI nuevas facultades en materia de medición de la pobreza y evaluación integral de la política de desarrollo social y se fortalece el marco institucional del país.
Por Morena, el diputado Óscar Iván Brito Zapata se pronunció a favor del dictamen, ya que simplifica la administración gubernamental y evita duplicidad de funciones. Aclaró que la experiencia del Coneval nutrirá al INEGI, que se encargará de evaluar la política social.
La presidenta de la Comisión, Merilyn Gómez Pozos, informó que el dictamen se remitirá a la Mesa Directiva para los efectos de su programación legislativa.
Aprueban 11 opiniones relativas a iniciativas
Las y los integrantes de la instancia legislativa también aprobaron 11 opiniones a iniciativas que plantean modificar diversos ordenamientos en materia de opiniones sobre bienestar, desarrollo ético, igualdad salarial, cuidado ambiental, agua, protección y derechos de los animales y desperdicio de alimentos.
Emitieron una opinión favorable a la iniciativa que expide la Ley General de Consulta Previa, Libre e Informada para los Pueblos y Comunidades Indígenas en Materia de Justicia Climática, toda vez que no generaría un impacto presupuestario en el erario federal. Se remitió a las comisiones unidas de Pueblos Indígenas y Afromexicanos y de Cambio Climático y Sostenibilidad, para continuar el proceso legislativo.
En opinión de la Comisión, la iniciativa que reforma las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, General de Desarrollo Social y Orgánica del Banco del Bienestar, no generaría impacto presupuestario, ya que se centra en la necesidad de mejorar la atención, eliminar largas filas y evitar que los beneficiarios no paguen comisiones cuando consulten saldos o retiren dinero en otras instituciones bancarias con su tarjeta del Bienestar.
También se aprobó la opinión a la iniciativa que expide la Ley Nacional de Protección y Bienestar Animal, donde se establece que sí impactaría presupuestalmente pero se distribuiría entre la Federación, los gobiernos locales y la sociedad, y estará en función de la normatividad secundaria y la coordinación que se establezca para tales fines entre los distintos órdenes de gobierno, debido a que muchas de las atribuciones que la Ley propuesta establece, recaen en los gobiernos estatales.
Las y los integrantes de la Comisión también emitieron opinión a la iniciativa para expedir la Ley Federal para el Desarrollo Ético, Soberano e Inclusivo de la Inteligencia Artificial. Resolvió que se generaría un impacto presupuestal debido al equipamiento que se prevé para el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), y el Centro Público de Investigación, perteneciente al Sistema de Centros CONAHCYT.
A su vez, las y los diputados consideran que de aprobarse, la iniciativa que daría lugar a la Ley General de Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres generaría impacto presupuestario, además de una renuncia recaudatoria para el Erario Federal; no obstante, dado el carácter general en que se encuentran planteadas las propuestas que se aluden, no es posible determinar la magnitud.
Asimismo, emitieron opinión respecto a la iniciativa que expide la Ley Nacional de Prevención de Emergencias Ambientales, misma que generaría un impacto presupuestario para la Federación derivado de la atención al cumplimiento de nuevas responsabilidades y actividades de supervisión y control por parte de las autoridades federales, cuyo monto estará en función de la normatividad secundaria y la coordinación que se establezca para tales fines entre los distintos órdenes de gobierno.
Consideran que la iniciativa que expide la Ley General de Protocolo para la Gestión de Crisis y Desastres Ambientales generaría un impacto presupuestario para la Federación, derivado de la creación de un Fondo de Respuesta Rápida para Emergencias Ambientales.
Por su parte, enviaron a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para continuar con el proceso legislativo, su opinión respecto a la iniciativa para expedir la Ley para la Gestión Sustentable del Agua en Zonas Áridas y Semiáridas, ya que se generaría impacto presupuestario para la Federación.
También se aprobó opinión a la iniciativa por la que se expide la Ley General de los Derechos de los Animales, la cual generaría un impacto presupuestario para la Federación, cuya magnitud se podrá definir una vez que se expida la normatividad secundaria, así como de la coordinación que se establezca para tales fines entre gobiernos Federal, estatales y locales. Señala que la nueva ley deberá llevar a cabo nuevas funciones de supervisión y control derivadas de lo que le obliga la Ley General de los Derechos de los Animales.
Igualmente, se emitió la opinión relativa a la iniciativa que expide la Ley Nacional contra el Desperdicio de Alimentos. Señala que sí generaría un impacto presupuestario, cuya magnitud no es factible de estimarse, en virtud de que en la iniciativa en análisis no se presentan elementos para ello.
Respecto a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Protección, Cuidado y Bienestar Animal, se generaría un impacto presupuestario para la Federación, por la necesidad de disponer de recursos adicionales para el ejercicio de las nuevas funciones y actividades que la propia Ley atribuye a las entidades y dependencias involucradas. Indica que dicho impacto, podrá estimarse cuando se expida la legislación secundaria.
La diputada Gómez Pozos informó que las opiniones se remitirán a las comisiones dictaminadoras respectivas, para continuar con los procesos legislativos correspondientes, y por oficio se comunicará a la Mesa Directiva para su conocimiento.
Dictámenes desechados
Las y los integrantes de la Comisión aprobaron desechar los dictámenes relativos a las iniciativas que reformaban los artículos 41 y 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
