Acceso a la información y máxima publicidad, el análisis de la Doctora, Yurisha Andrade

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Acceso a la información y máxima publicidad

Yurisha Andrade Morales*

La Constitución mexicana establece como fin del sistema integral de justicia electoral garantizar legitimidad y estabilidad de nuestra democracia, que se materializa en un sistema republicano, representativo, pluricultural, federal y laico; además de garantizar los derechos de participación política y los principios que rigen las elecciones: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,máxima publicidady objetividad.

La máxima publicidad estáíntimamente ligada al derecho a la información previsto en el artículo 6º constitucional que dispone que todos los datos en poder de cualquier instancia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, de órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos y de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba recursos públicos o realice actos de autoridad, es pública.

Este derecho es piedra angular de la democracia y condición especial para formar una opinión pública libre que permita garantizar la posibilidad de informar y de ser informado.

Sabemos que en México existen organismos autónomos, donde la organización y administración de las elecciones está a cargo del INE y de los institutos de las entidades federativas; mientras que el control de la legalidad de los comicios y la protección de los derechos políticos de los ciudadanos es competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de los tribunales estatales.

Así, con el objeto de garantizar el acceso ciudadano a la información, nuestra Constitución prevé el principio de máxima publicidad que obliga a las autoridades electorales a buscar la mayor publicitación de la forma en la que toman sus decisiones, a documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades y de la manera en la que aplican los recursos públicos que tienen asignados. Ningún servidor público escapa al principio de rendición de cuentas ni de sus actos ni de sus gastos.

La obligación de instituciones y servidores públicos de informar está asociado a la potestad correlativa de las personas para solicitar información, sin acreditar interés alguno o justificar su utilización; todos, absolutamente todos, podemos tener acceso gratuito a la información pública como también tenemos derecho a la protección de nuestros datos personales y a solicitar, de ser necesario, su rectificación.

Para la tutela efectiva de estos derechos se han establecido mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustancian ante organismos autónomos especializados e imparciales. Así, en los últimos años, el Tribunal Electoral Federal ha implementado medidas encaminadas a erigirse en un tribunal abierto”, entre ellas la publicidad de actuaciones; la apertura procesal a diferentes figuras novedosas en materia probatoria, como el amicus curiae o amigo de la corte (donde terceros pueden presentar ante el juez una opinión técnica que puede ser trascendente al momento de resolver); el impulso por la mayor transparencia y el fomento por un lenguaje más claro y sencillo que permita una comunicación más efectiva con la ciudadanía, además del uso de medios de comunicación y redes sociales, como parte de su comunicación a la sociedad y el fomento por el estudio crítico de sus resoluciones a través de publicaciones, programas de radio y televisión de análisis de sentencias y el impulso por el observatorio judicial electoral.

Bajo esta perspectiva, autoridades jurisdiccionales y administrativas del sistema electoral, han diseñado estrategias para dar a conocer su actuación y la forma en la que ejercen el dinero público, el propósito central consiste en abrir la justicia para el conocimiento de todos.

No es suficiente la transparencia y el uso de las tecnologías de la información en el proceso judicial donde se impulsa un modelo de tribunal abierto, también se requiere una base ética de los servidores públicos. Dar información a la sociedad, de oficio o a petición de parte, conocer a las instituciones por dentro y el comportamiento de los servidores adscritos a ellas, no es una concesión gratuita, todo lo contrario, se trata del cumplimiento de responsabilidades constitucionales y legales de la mayor relevancia.

La transparencia y la máxima publicidad llegaron para quedarse, no forman parte de los discursos de moda, son elementos esenciales de una arquitectura institucional, normativa y procedimental que busca dotar a los ciudadanos y a las personas en general de instrumentos para exigir cuentas en todos los niveles de gobierno, para equilibrar el ejercicio del poder y para atacar actos de corrupción.

* Magistrada del Tribunal Electoral

del Estado de Michoacán

@YurishaAndrade