En México no debemos bajar la guardia en el combate contra la explotación sexual y el tráfico de personas, fenómenos delictivos que son una realidad lacerante en nuestro país, subrayó la diputada Araceli Saucedo Reyes, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
En el marco del Día Mundial Contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas, la diputada por el distrito de Pátzcuaro apuntó que la trata en el mundo se ha consolidado como el tercer negocio más redituable al generar ingresos por más de 32 mil millones de dólares al año, pese a ser de los delitos que más laceran a la sociedad, pues es violatorio de múltiples derechos.
Recordó que la explotación sexual y el tráfico de personas se concentran en la trata que se presenta cuando una persona promueve, solicita, ofrece, facilita, consigue, traslada, entrega o recibe, para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, el engaño o el abuso de poder, para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.
Conforme a los datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la legisladora refirió que en México en un periodo de cinco años se tuvieron registros de cinco mil 200 víctimas por trata, en donde los estados con mayor incidencia son Baja California Norte, la Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca y Chiapas.
Araceli Saucedo Reyes apuntó que en México, la Organización Internacional para las Migraciones reporta que el fenómeno de la trata responde a diversos factores relacionados, principalmente, con la oferta y demanda de mano de obra barata, las desigualdades económicas y problemas socioculturales aún no resueltos, como la discriminación y la violencia de género.
Por todo ello, la diputada consideró que como autoridades y sociedad deben redoblar esfuerzos para el combate de la explotación sexual y tráfico de personas, las primeras con la persecución del delito a través de acciones efectivas y acciones que garanticen el castigo y la no impunidad, y la segunda evitando incurrir en prácticas que fomenten la rentabilidad del mercado de la criminalidad.