Vivienda para todos: Un mejor futuro; el tema de Salvador García Espinosa en El Derecho a la Ciudad

260

EL DERECHO A LA CIUDAD

Vivienda para todos: Un mejor futuro urbano

Las Naciones Unidas designaron el primer lunes de octubre de cada año como el Día Mundial del Hábitat, con la finalidad de destacar el derecho básico a una vivienda adecuada para todos. El tema de este año es Vivienda para todos: un mejor futuro urbano. Atendiendo al objetivo, compartimos la siguiente reflexión. 

https://fb.watch/YfDkTEBPc/

Los antecedentes sobre el derecho a una vivienda, para el caso de México, se remontan al año de 1865, cuando el entonces Emperador de México, Maximiliano emitió el “Decreto sobre la Libertad del Trabajo en la Clase de Jornaleros”, en este documento se indica por primera vez como una necesidad básica de los trabajadores el contar con habitaciones para ellos, el documento cita: “…en todas las fincas se dará a los trabajadores agua y habitación”.

Esta preocupación se consolidó después de la Revolución Mexicana, cuando en el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala que “… En toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquiera otra clase de trabajo, los patronos estarán obligados a proporcionar a los trabajadores, habitaciones cómodas o higiénicas, por las que podrán cobrar rentas que no excederán del medio por ciento mensual del valor catastral de las fincas.

Obviamente los empleadores buscaron evadir estas responsabilidades, lo que el gobierno contrarrestó mediante la creación de organismos e instituciones, así se crea en 1925, la Dirección de Pensiones Civiles, teniendo entre sus atribuciones el otorgar créditos a los trabajadores del Estado para construcción o adquisición de vivienda. En 1933, se crea el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, S. A. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se crea 1943 y desde entonces ha sido pieza fundamental, más allá del ámbito de salud, con relación a las prestaciones sociales de los trabajadores en general. 

De forma simultánea, en ámbito internacional, para 1929 se celebró el II Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) y constituyó el primer intento por encontrar las condiciones indispensables para la supervivencia de la población menos favorecida económicamente. Debido a que, al finalizar la Primera Guerra Mundial, las principales ciudades europeas experimentaron un crecimiento demográfico sin precedentes, situación que desató una demanda sin precedentes de vivienda. Así, se buscaron determinar los mínimos necesarios. Pues los constructores exigían que una vivienda debía de funcionar tan bien como cualquier otro objeto de uso corriente y que además pudiera ser edificada en poco tiempo y al menor costo. Así se subordinó la masificación de las viviendas a las cifras económicas. 

Tal vez, el paso más importante en materia de vivienda, se presentó en 1947 con la Ley Orgánica de BANOBRAS, que hizo posible la creación del Fondo de Casas Baratas y cuyo objetivo principal era: “…proyectar y realizar casas baratas y a precio medio, fraccionar y urbanizar terrenos para el servicio de habitaciones populares, demoler y substituir tugurios y condicionar habitaciones defectuosas y otorgar préstamos inmobiliarios…” Ante el éxito obtenido, dos años más tarde se crea el Fondo de Habitaciones Populares para mejorar la calidad de vida de los obreros, que vivían en situaciones insalubres y de precariedad, mediante la dotación de habitaciones a bajos costos de renta y vivienda económica. 

Hasta finales de 1960, la producción de vivienda financiada se llevaba a cabo mediante la canalización de una parte de los fondos de los sistemas de seguridad social (IMSS e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado [ISSSTE]), y para la adquisición de vivienda, se otorgaban créditos habitacionales como salario indirecto a trabajadores sindicalizados por parte de los mismos institutos, así como las viviendas financiadas por BANOBRAS y vendidas a crédito, principalmente a personas de medianos ingresos.

En la generalidad de los casos, los empleadores se amparaban de la responsabilidad de dotar de vivienda o habitaciones a sus trabajadores, por lo que en el año de 1970 se oficializó en la Ley Federal del Trabajo, que los patrones debían proporcionar habitaciones cómodas e higiénicas a los trabajadores, aunque  la misma Ley establecía que mientras no se hiciera entrega de las habitaciones a los trabajadores, tendrían éstos derecho a una retribución mensual situación que fue aprovechada para evadir su responsabilidad y así, no permitir que la clase obrera solventará sus necesidades de una vivienda.

Fue hasta 1972, que en la Constitución se consignó que: “…el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. Con esta base, dos años más tarde, se forma el INFONAVIT, para proporcionar financiamientos que beneficiaron a la población asalariada de bajos ingresos, inclusive de un sólo salario mínimo, lo que contribuyó a reducir los asentamientos irregulares, el arrendamiento y el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda.

A raíz de la inflación en 1982, el sistema de financiamiento de la vivienda entro en crisis y se diseño un esquema de refinanciamiento con el objeto de evitar la descapitalización de los activos hipotecarios, lo que llevo a la eliminación como beneficiario potencial del programa a la población de menores recursos. En la década de 1990, bajo la errónea premisa de dejar que la vivienda se regulara por los mecanismos de mercado 

En septiembre de este año, el INFONAVIT como parte de la política nacional de vivienda, se anunció el lanzamiento de nuevos productos que permite a los derechohabientes poder acceder a créditos que oscilan sobre los 3 millones 350 mil pesos. Increíblemente y contra toda lógica que niega el origen del propio Instituto, hoy se permite que los derechohabientes 

sin relación jurídica, pueden unir sus créditos, no importa si son primos, hermanos, padre, hijos, personas del mismo sexo, lo fundamental es que haya una relación de confianza; como si se el objetivo fuera adquirir, cada vez, viviendas más caras.

Hoy en día, si bien el crecimiento demográfico no es el problema, la estandarización y construcción de la vivienda mínima sigue en auge, debido a que se continúa privilegiando una lógica económica por encima de consideraciones sociales o psicológicas de los espacios habitacionales. Hoy más que nunca, se requiere que los esfuerzos en materia de vivienda se encaucen a hacer asequible la vivienda, de manera prioritaria para aquellas familias cuyos ingresos son los más bajos y, por ende, las necesidades más básicas como una vivienda, quedan totalmente fuera de su alcance.