La diputada Margarita García García, del Partido del Trabajo (PT), expresó su respaldo a la activista Gabriela Pablos Saucedo, quien ha sido víctima de violencia vicaria y lleva más de cinco años sin obtener justicia en México.
Durante una conferencia de prensa, Pablos Saucedo informó que su caso ha llegado a instancias internacionales, por lo que el Estado mexicano debe presentar observaciones al respecto.
En este contexto, la diputada García García exhortó tanto al Gobierno Federal como al gobierno de Sinaloa a tomar medidas para atender esta problemática. “No vamos a quedarnos calladas”, enfatizó. También lamentó que la violencia vicaria continúe afectando a madres e hijos, señalando que en muchos casos son los propios padres quienes vulneran sus derechos.
A pesar de los avances en la lucha por la igualdad y la protección de los derechos de las mujeres, la legisladora reconoció que aún queda mucho por hacer. Reafirmó el compromiso del PT con la legislación a favor de los derechos de todas las mujeres y resaltó la importancia de que ellas asuman un papel activo en la transformación del país.
Por su parte, Pablos Saucedo compartió su historia, señalando que en 2019 se separó de su primera pareja en Sinaloa, con quien tuvo un hijo. Posteriormente, se trasladó a la Ciudad de México con su primogénito, con el consentimiento del padre. En 2020, inició una nueva relación y tuvo un segundo hijo con su pareja de entonces, Michel, de nacionalidad francesa. Sin embargo, cuando el bebé tenía siete meses, él la separó del niño y promovió una demanda de controversia familiar. De manera paralela, su primera expareja también la demandó, buscando la custodia de su primogénito.
Explicó que su caso está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que implica que la situación está siendo observada a nivel internacional. Exigió al Gobierno de México que actúe con transparencia y presente un informe veraz sobre su caso.
Asimismo, denunció que la corrupción dentro del sistema de justicia obstaculiza el acceso de las mujeres a procesos legales justos, generando revictimización y estigmatización. Mencionó que ha recorrido todas las instancias judiciales del país y puede afirmar que, en México, no hay justicia para las mujeres ni para las madres que sufren abusos, lamentó.
Finalmente, subrayó que en el país persiste una violencia estructural y sistémica que afecta tanto a las madres como a la infancia, convirtiendo sus derechos en una mercancía sujeta a intereses ajenos.
