A que las acciones que promueve el Gobierno Federal para encontrar con vida a las personas desaparecidas en México garanticen resultados positivos al corto plazo, exhortó la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, Araceli Saucedo Reyes.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y la puesta en marcha de acciones por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la legisladora coincidió en que la búsqueda y la justicia, como seguridad de las y los mexicanos debe ser una prioridad en la agenda nacional.
Recordó que las organizaciones y colectivos de familiares de víctimas de desaparecidos, han encabezado los esfuerzos en la búsqueda de sus seres queridos en el país, con la convicción de encontrarlos y que sea la justicia el objetivo que se debe perseguir frente a la violación de derechos y la ausencia.
No obstante, refirió que es apremiante que en cada acción y caso de una víctima de desaparición, las autoridades no escatimen esfuerzos para encontrar a quienes han sido privados de su libertad con vida y que se castigue a los responsables de la privación de la libertad de las víctimas.
La desaparición forzada de personas constituye un delito de lesa humanidad, por ello, debe ser perseguido y castigado, penalizando tanto a sus autores materiales como a aquellos que lo ordenan.
“Los esfuerzos de las autoridades no pueden limitarse a la atención de los resultados que genera este problema, sino a su combate de fondo, debemos trabajar porque en nuestro país no haya margen ni permisibilidad en la desaparición de personas”, subrayó.
La legisladora consideró que en nuestro país, es necesario el acompañamiento efectivo en la búsqueda de desaparecidos, en donde las autoridades no deleguen sus responsabilidades a las familias de las víctimas, por ello, la importancia de legislar en la materia.
El combate a este fenómeno lacerante es responsabilidad compartida, en donde autoridades federales, estatales y municipales deben involucrarse plenamente en el camino ya laborado por las familias de las víctimas.
Araceli Saucedo puntualizó que en un tema tan serio como este, la federación no puede actuar vía discursos y actos protocolarios, pues los resultados y la efectividad son condición indispensable para generar certeza, sin demagogia.
El Estado Mexicano está obligado a promover y proteger el ejercicio de los derechos humanos de la población, por lo que no se deben escatimar esfuerzos en garantizar un entorno seguro para todos y combatir la desaparición de personas.
México no puede eludir más la responsabilidad que tiene en torno a los miles de desaparecidos que se han venido acumulando en número año con año, y sobre los que se carece de un padrón integral que permita dar seguimiento a los casos.
