Para combatir la delincuencia desde todas las trincheras, el diputado Antonio Soto Sánchez exhortó al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a que convoque a los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, a los Gobernadores de las distintas entidades federativas, a los dirigentes de los partidos políticos y a la sociedad civil organizada, a un pacto para generar e instrumentar juntos una política de Estado para enfrentar, contener y erradicar a la delincuencia organizada del país.
Al hacer uso de la Máxima Tribuna del Congreso del Estado, subrayó que es urgente que el Estado Mexicano y la sociedad elaboren política pública integral para enfrentar a la delincuencia, el cual debe ser impulsado por el titular del Poder Ejecutivo Federal.
El diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, señaló que las organizaciones criminales han crecido exponencialmente y con ello la violencia en México desde hace casi trece años, de manera que en la actualidad, al inicio de la actual administración federal vivimos un segundo gran salto en el que ha aumentado la intensidad de la violencia que se manifiesta mediante frecuentes masacres en las que mueren no sólo delincuentes o integrantes de las fuerzas de seguridad, sino población en general.
Antonio Soto dijo que estos hechos ya son calificados por algunos expertos como violencia terrorista lo que no es cualquier cosa, pues implica la conversión de lo hoy es considerado como un asunto de seguridad pública a lo que debe considerarse una amenaza para la seguridad nacional y la del Estado.
“Es necesario hacer un alto en el camino y reflexionar sobre lo que realmente está sucediendo, estamos obligados a cesar los enfrentamientos estériles, replantear el problema del crimen organizado desde el diagnóstico; reconocer que se trata de un tema eminentemente político, ya que la estabilidad nacional y la seguridad del Estado Mexicano están en riesgo y debe ser en el ámbito de la política en el que se deben generar los acuerdos para enfrentar unidos el problema, despartidizarlo para ponerlo en un ámbito de neutralidad que permita la instrumentación institucional de una política de Estado contra el crimen organizado”.
