El Derecho a la Ciudad
UN MILLÓN DE VIVIENDAS
Salvador García Espinosa
Hace 3 meses la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) informaba que en México existe un déficit habitacional de más de 8 millones deviviendas, de las cuales 1,600 millones corresponden a falta de nuevas casas y departamentos, y el resto se trata de la necesidad de mejora y ampliación de viviendas.
En este contexto, el anuncio realizado hace unos días por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de edificar un millón de viviendas durante su sexenio, resulta relevante. Según las declaraciones de Edna Vega Rangel, actual Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el próximo año faltarán al menos 2,8 millones de nuevas viviendas para cubrir las necesidades de la población. Además de 8.9 millones de casas en las que existe rezago habitacional, es decir, que no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad.
Sin duda que el anuncio de edificar más viviendas puede resultar plausible de primer inicio, pero además de esto, derivado de la falta de información detallada, la noticia obliga a varias reflexiones al respecto.
La primera es con relación a ¿Dónde se construirán las viviendas? Si bien la política de dejar el tema de la vivienda a la oferta y demanda propició que la edificación de viviendas se concentrara en las grandes ciudades y no necesariamente donde se necesitaba. Ahora de acuerdo con SEDATU, los lugares más críticos en materia de demanda se ubican en la frontera norte con Tijuana, en primer término y luego Mexicali, Ciudad Juárez y Ensenada. Sin embargo, la construcción de estos nuevos conjuntos habitacionales se contempla se distribuya de la siguiente forma: 325,000 viviendas en la Región Sur (Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán); 239,400 casas en la Región Centro (Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato); 228,800 casas en estados de la Región Centro-Norte (Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa y Baja California Sur) y 206,800 más en la Región Norte (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas).
¿Quién construirá las casas? Por recomendación del Banco Mundial, en 1992, la política habitacional de México cambió radicalmente, al disminuir el papel regulador del Estado mexicano en la actividad para el desarrollo de la vivienda, cediendo la construcción a desarrolladoras privadas mientras que el gobierno otorgaría los créditos a través de organismos como el INFONAVIT. En ese momento la vivienda pasó de ser considerada un satisfactor básico de los habitantes a una mercancía. El éxito de esta política llevó a que durante el sexenio 2000-2006 se construyeran poco más de 1.8 millones de viviendas.
La propuesta gubernamental es que INFONAVIT edifique medio millón de viviendas y otra cantidad similar estará a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), y para tal fin, se conformará una desarrolladora o constructora a cargo del gobierno. Desafortunadamente no se especifica bajo qué modalidad se pretende que funcione esta nueva empresa gubernamental, y lo más significativo es considerar que ni el INFONAVIT, ni CONAVI disponen de suelo para edificar viviendas. En la mayoría de las ciudades los terrenos están acaparados por los casi mil desarrolladores inmobiliarios actuales.
La disponibilidad de suelo resulta ser un elemento crucial para la política habitacional anunciada, toda vez que la misma Secretaria Vega Rangel señaló que todas las casas se edificarán en zonas sin riesgos geológicos o de inundación, con la disponibilidad de todos los servicios básicos, en cercanía a equipamientos de educación, salud, cultura y deporte, así como actividades económicas, con acceso a vialidades primarias y secundarias, disponibilidad de áreas verdes y espacios abiertos y recreativos.
En otras palabras, esta política implica un cambio radical, pues ahora se pretende edificar en zonas ya urbanizadas o en proceso de consolidación, y ya no alejadas del área urbana como actualmente acontece.
La inversión que se pretende destinar a la estrategia de vivienda es de 600 mil millones de pesos, y se espera que se generen 6.1 millones de empleos directos y 9.2 millones de empleos indirectos.
Los propósitos y deseos siempre son más optimistas que la realidad, esperemos a conocer el desarrollo de la estrategia de vivienda del sexenio que recién inicia y que parece prometedor, dado que recupera el interés por edificar vivienda para rentar al segmento de jóvenes; aunque tampoco se ha definido si para tal fin el Gobierno Federal creará una empresa administradora y bajo qué reglas de operación actuará, toda vez que el financiamiento para toda la política de vivienda, se asume que, será el ahorro de los trabajadores, por lo que los esquemas administrativos a diseñar deben garantizar su disponibilidad.
