En seguimiento al cumplimiento de los compromisos del Dr. Raúl Cárdenas Navarro al inicio de su administración, se han realizado modificaciones en los procesos con la finalidad de dar cumplimiento a las observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior de Michoacán.
En lo que respecta a la información financiera, que incluye a los ingresos por subsidios ordinarios y extraordinarios e ingresos propios y su aplicación en el gasto, es la primera vez en la historia de la Universidad Michoacana que son los estados financieros dictaminados en tiempo y forma ante la Secretaría de Educación Pública, al H. Congreso de la Unión, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación.
En lo que respecta al ámbito estatal, la entrega de los estados financieros, contables y la información presupuestaria, y dictaminados del ejercicio 2019, en tiempo y con la formalidad correspondiente, permitió que por primera vez se consideraran en la integración de la cuenta pública 2019. Con ello, el Gobierno del Estado conoce el ejercicio y aplicación del los recursos que le entera a esta Universidad y se da cumplimiento a las observaciones de la Auditoría Superior de Michoacán.
Si bien las administraciones anteriores no observaron a cabalidad la normatividad correspondiente, esta administración ha realizado las adecuaciones necesarias para cumplir con todos y cada uno de los ordenamientos jurídicos a los que están sujetos los recursos que recibe por parte de la federación y del estado.
Asímismo, se atendió de manera Institucional la fiscalización a los recursos federales correspondientes al ejercicio 2018 y se ha dado seguimiento a todos los pliegos de observaciones y recomendaciones, elaborando para ello los acuerdos de inicio correspondientes. Con respecto al ejercicio 2019, se encuentra en proceso la fiscalización a los recursos federales recibidos, sin que a la fecha se haya concluido el proceso y se cuente con resultados de la misma.
De la misma forma se creó el comité de Contabilidad Gubernamental, mismo que le permite a la Universidad regular los procesos contables que se llevan dentro de la Institución y alinearlos a Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de observar a su totalidad las recomendaciones que en años anteriores han emitido las autoridades fiscalizadoras.
Así, en el marco de la rendición de cuentas, se ha establecido una política pro activa que, sin que exista una obligación por parte de un organismo fiscalizador, Federal o Estatal, se han dictaminado el uso de los recursos extraordinarios que recibe la Universidad para los compromisos económicos que se tiene con sus trabajadores a fin de año.
Atendiendo el programa de trabajo del Dr. Raúl Cárdenas Navarro, Rector de la Universidad, en la búsqueda de la viabilidad financiera, se llevaron a cabo diversos trabajos coordinados entre la Tesorería y la Contraloría, para diseñar e implementar tanto el Programa de Contención, Transparencia y Disciplina del Ejercicio Presupuestal, para los ejercicios 2019 y 2020, así como las Disposiciones Generales para la Administración, Ejercicio y Rendición de Cuentas de los Recursos Públicos Universitarios, para los mismos periodos. Estos documentos no solo regulan el gasto Universitario, sino que permiten hacer un uso eficiente del presupuesto Universitario, generando ahorros medibles y su aplicación en los rubros específicos de importancia en términos económicos.
Aunado a lo anterior y dado el débil Control Interno que se tenía dentro de la Institución se impuso un nuevo orden a la Universidad, con la creación y aprobación, por primera vez, por parte del H. Consejo Universitario, del Reglamento Interior y Actualización de la Estructura Organizacional, mismo que dota de responsabilidades y facultades a cada una de las áreas que integran la estructura de la Universidad. Con ello se dio un paso para fortalecer las actividades de la Contraloría, en virtud de que se asignaron las atribuciones conferidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas a los Órganos Internos de Control, con lo cual ahora se le faculta para investigar y sancionar todas aquellas conductas tipificadas como faltas no graves, y denunciar las faltas graves según se establece dentro de la Ley antes mencionada.
Asimismo, derivado las observaciones emitidas por las autoridades fiscalizadoras, se encontró que una de las debilidades más apremiantes que presentaba la Universidad era la falta de un Sistema de Control Interno, mismo que a la fecha se está atendiendo a través de la creación del código de ética y de conducta, que incluirá el procedimiento para recibir, atender y sancionar las conductas o falta de ética que se presente por parte del personal de la Institución.
De la misma forma, la Contraloría de la Universidad ha realizado las primeras investigaciones derivadas de los nuevos procedimientos que se llevan a cabo, como lo es la presentación de la Declaración Patrimonial y de Intereses de los Servidores Públicos Universitarios y del Procedimiento de Entrega–Recepción que se llevan a cabo en las Unidades Programáticas Presupuestales y Unidades Responsables de la Universidad, así como la atención a los pliegos de observaciones emitidas por las entidades fiscalizadoras y que no habían sido atendidas debido a que no se contaba con las facultades correspondientes.
