Las juezas y los jueces se encuentran en una posición única y privilegiada para garantizar la igualdad sustantiva en México, asumió la Dra. Janine Madeline Otálora Malassis, Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al participar en la Jornada de Conferencias Magistrales TEEM 2020, en el marco conmemorativo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
A su vez, al hacer la presentación de la conferencista, la Dra. Yurisha Andrade Morales, Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, subrayó que la paridad en todo no solo obliga a los partidos a postular candidaturas paritarias, sino también debe ser una realidad en el ejercicio de los cargos públicos.
La Magistrada Otálora Malassis anticipó que la reforma política, en materia de violencia política de género y paridad en todo, será puesta a prueba en los procesos electorales locales y federales.
La conferencia “Violencia política en razón de género en el ejercicio del cargo”, transmitida a través de Facebook Live y en el canal de You Tube del TEEM, contó con la presencia virtual de la Magistrada Alma Bahena Villalobos, del Magistrado José René Olivos y del Presidente del Instituto Electoral de Michoacán, el Consejero Ignacio Hurtado.
La Dra. Otálora, también ex Presidenta del TEPJF, insistió que la vigilancia de los tribunales, para cumplir a cabalidad las reformas en materia de violencia política de género y de la paridad en todo, constituye uno de los retos más intensos del proceso electoral 2020-2021.
Antes de esbozar los alcances de las recientes reformas legislativas en materia de violencia política, la Magistrada Otálora analizó el emblemático caso de la “renuncia” de Rosa Pérez, la alcaldesa chiapaneca de San Pedro Chenalhó, a quien la Sala Superior del TEPJF la restituyó en el cargo, aplicando el protocolo para la atención de la violencia política de las mujeres en razón de género.
La Magistrada, con Doctorado en Ciencias Políticas por La Sorbona de París, evidenció que el aislamiento social por la pandemia ha exacerbado e intensificado la violencia en los hogares, obligando a mujeres, hijas e hijos a convivir un tiempo mayor con sus agresores.
La Dra. Otálora Malasis describió cómo la violencia política afecta las trayectorias políticas de las mujeres, antes, durante y también después de las campañas electorales, es decir, durante el ejercicio del cargo para las que fueron electas. En ese sentido, los agresores desacreditan la opinión, retienen dietas, condicionan recursos, las excluyen de los espacios de toma de decisión o externan juicios sobre la apariencia física o sobre las relaciones personales de las víctimas.
Reprobó que la participación de las mujeres en el ámbito público produzca negativas, rechazo y cuestionamientos en un amplio sector de la sociedad, principalmente entre los que han detentado el poder y su estructura, es decir, entre los partidos y los actores políticos.
La Magistrada enumeró las acciones de los Tribunales Electorales para combatir la violencia política en razón de género: la transversalización de la perspectiva de género en el quehacer institucional, así como la capacitación y la sensibilización del funcionario público en materia de igualdad y no discriminación para contribuir a cerrar las brechas de género en lo político-electoral.
La juzgadora federal recordó que la Ley ha incorporado un nuevo requisito para ser legislador: no haber sido condenado penalmente por violencia política en razón de género, y enfatizó que el INE ya tiene facultades para suspender y retirar propaganda política o electoral, cuyos contenidos expresen violencia política en razón de género.
Habrá reducción de hasta el 50 por ciento de las ministraciones a los partidos políticos que incumplan las obligaciones para atender, prevenir y combatir la violencia política en razón de género, previéndose también la cancelación del registro partidista, señaló también.
En su disertación, la Magistrada Otálora Malassis remarcó que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia obliga a toda autoridad jurisdiccional a juzgar con perspectiva de género para combatir los argumentos estereotipados e indiferentes, para el efectivo y pleno ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva.
Al parafrasear datos alarmantes del Foro Económico Mundial de 2019, advirtió que aún faltaban 99 años para cerrar las brechas de género en los ámbitos político, económico, de salud y educativo.
