El programa Jóvenes Construyendo el Futuro volvió a tener irregularidades,hasta el momento se han presentado 29 denuncias ante la STPS, en esta ocasión por malos manejos por 170 millones de pesos que no se han aclarado luego de cinco revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y que se vinculan con irregularidades como el pago de becas a beneficiarios fallecidos o personas con un empleo en el sector público y privado
La diputada federal María Elena Pérez-Jaén Zermeño del PAN presentó el pasado miércoles un análisis basado en las auditorías realizadas al programa insignia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021. En conjunto, durante dichos años la dependencia recibió más 100,000 millones de pesos para la operación del proyecto que tiene como objetivo capacitar en centros de trabajo a jóvenes que no estudian ni trabajan y se encuentran entre los 18 y 29 años de edad.
Entre las irregularidades más destacadas en el programa se encuentran el pago a beneficiarios que fallecieron, capacitación en empresas “fantasmas” o que no están inscritas, aprendices con becas paralelas en el sector educativo, becarios que también estaban registrados como “servidores de la nación”, funcionarios públicos en activo y empleados que ya contaban con un vínculo en un centro de trabajo, así como pago a beneficiarios que también eran tutores o representantes en las empresas.
En el caso de la duplicidad entre aprendices y estudiantes, casi 700 jóvenes inscritos al programa de la STPS recibieron la beca de capacitación por 8.5 millones de pesos, mientras contaban con apoyo económico de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha vinculado a más de 2.5 millones de aprendices con un centro de trabajo. Para este año, la meta es incorporar a 500,000 becarios con un apoyo económico de 6,310 pesos mensuales, mismo que se ha incrementado 75% en términos nominales desde que inició el programa en 2019.
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CCFP) de la Cámara de Diputados realizó un análisis sobre los alcances del programa de aprendices. Uno de los hallazgos destacados es que no se cuenta con cifras de cuántos jóvenes capacitados consiguieron un empleo formal.
La gran incógnita que no se ha contestado, apuntó el CEFP en su informe, es el “porcentaje de la población que se ha capacitado a través del programa y que pudo efectivamente incorporarse a un trabajo formal, es decir, si se logró la inclusión laboral y, por tanto, social reduciendo su fenómeno de marginación”.
El estudio del CEFP, aseguró la diputada federal María Elena Pérez-Jaén, también confirma que la STPS no realizó un diagnóstico de necesidades para diseñar el programa con objetivos, metas y prioridades, y tampoco contó con mecanismos para verificar que los beneficiarios cumplieran con los requisitos. “No había ningún control, cualquiera iba y se registraba”.
