En medio de la contingencia sanitaria se debe garantizar el interés superior de la infancia, y asegurar que desde la Ley, se evite que se vean interrumpidas las convivencias familiares, cuando ocurran casos fortuitos o de fuerza mayor que obliguen a la suspensión del servicio que presta el centro de convivencia familiar, subrayó la diputada Presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, Lucila Martínez Manríquez.
En ese contexto, la diputada local presentará ante el Pleno de la LXXIV Legislatura Local una iniciativa para reformar el Código Familiar para el Estado de Michoacán, para establecer que en los casos de fuerza mayor o crisis social en los que sea necesario, suspender los servicios que presta el centro de convivencia familiar, el Consejo determinará las acciones y medidas de carácter temporal que garanticen el derecho del niño, niña o adolescente a mantener el contacto y la convivencia con el progenitor de quien esté separado.
La legisladora expuso que la Convención sobre los Derechos del Niño desde su preámbulo, hace referencia a la familia como núcleo fundamental de formación y desarrollo personal, emocional y social, así como a la intervención de órganos como los tribunales, quienes tendrán que aplicar el principio del interés superior de la infancia.
“Si bien se trata de una disposición general, ello no implica en ningún caso que no exista una obligación del Poder Judicial, de garantizar de manera oportuna la convivencia familiar, ya que tal y como interpretó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el artículo 9, apartado 3 de dicha Convención, es necesario que las convivencias se den de modo regular, esto es, que se realicen con alguna frecuencia o en ciertos periodos en los que el niño sepa que podrá convivir con su progenitor”.
Lucila Martínez hizo mención que el Estado está obligado a realizar acciones y a generar políticas públicas en materia de niños, niñas y adolescentes, para que quienes tengan a su cargo el cuidado, cumplan con sus deberes y obligaciones.
“La promoción de los derechos humanos y en particular aquellos que corresponden a la familia, deben ser una prioridad en las agendas legislativas. Situaciones como la violencia, la desprotección y los problemas derivados de reglas o manejos inadecuados de los medios de convivencia, constituyen actos que vulneran los derechos y la protección de niñas, niños y adolescentes”, recalcó.
La diputada local refirió que, resulta de gran importancia la concurrencia que debe de haber entre la familia, el Estado y la sociedad en la protección del goce y ejercicio de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en el entorno familiar, así como en la asunción y cumplimiento de los deberes y obligaciones que tienen éstos para con la infancia.
“Los niños, las niñas y los adolescentes son sujetos de derecho y están protegidos por la legislación, de ahí que el interés superior del niño constituye un principio vinculante para todos aquellos que intervienen en la toma de decisiones que resuelvan o afecten la situación, condiciones o derechos de estos”.
La crisis provocada por la propagación del COVID-19 a nivel mundial, ha dejado varias enseñanzas, una de ellas es revisar la legislación aplicable para reformar los postulados y adecuarlos a la realidad que puede provocar una situación como ésta.
Recordó que a principios de este mes, madres y padres que asisten con regularidad a ver a sus hijos al Centro de Convivencia Familiar que depende directamente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, emitieron un documento para que las autoridades del Poder Judicial dictaran medidas cautelares, para estar en comunicación con sus descendientes, ya que no había podido ver a sus hijos, derivado a que se suspendió la convivencia debido a la contingencia sanitaria.
Lo anterior, dijo que ocasiona un deterioro en las relaciones familiares y generó un daño emocional a los niños, niñas y adolescentes, ya que fue hasta el pasado 22 de abril, que el Pleno del Consejo del Poder Judicial emitió un acuerdo en el que ya se consideraron medidas de carácter temporal para garantizar las convivencias familiares.
