El Derecho a la Ciudad
PAÍS URBANO O METROPOLITANO
Salvador García Espinosa
Todos hablamos de la ciudad y, por increíble que parezca, la definición de que una ciudad es un concepto en constante construcción, abona a la confusión el hecho de que el nombre oficial de algunas localidades incluye este concepto, tal es el caso de Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Ciudad de Lázaro Cárdenas, etc. A mediados del siglo pasado, en 1957 Ángel Rubio propuso la clasificación de las aglomeraciones y ciudades: Fincas y viviendas aisladas; Aldeas y caseríos, de 15 a 150 habitantes; Pueblos, de 151 a 1,500 habitantes; Villas, de 1,501 a 10,000 habitantes, Ciudades, de 10,001 a 100,000 habitantes; Metrópolis, de 100,001 a 1,000,000 habitantes y Grandes Metrópolis, aquellas de más de 1 millón de habitantes.
Obviamente, la realidad ha cambiado mucho y en México el INEGI aplica un criterio eminentemente demográfico, al partir de que cuando una localidad tiene más de 2,500 habitantes se considera como urbana; que para efectos prácticos es como decir que se considera ciudad. Son muchas las críticas a este criterio poblacional, pues se asume que una localidad al tener al menos 2,500 habitantes tendrá servicios, equipamientos y una estructura económica propia de un modo de vida predominantemente urbano. La realidad, al menos aquí en México, es que esto no ocurre y, por ejemplo, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) entiende como frontera entre lo urbano y lo rural, la cantidad de 5,000 habitantes.
Aun con estas diferencias, si se entienden como urbanas todas aquellas localidades con más de 2,500 habitantes, de acuerdo con el CENSO de 1960, por primera vez en la historia, la población urbana representó el 51% del total de la población. A partir de entonces se ha considerado a México como un país urbano, pues la cantidad de población cada vez es mayor en las ciudades que en el campo. En la actualidad 8 de cada 10 mexicanos vivimos en una ciudad.
Al 2020, la población total del país fue de poco más de 126 millones de personas y se distribuían en 189,432 localidades ubicadas en 2,453 municipios y 16 alcaldías. Lo relevante del caso es que, del total de localidades, sólo 232 tenían 50,000 o más habitantes, y en ellas se concentraban aproximadamente 67 millones de personas, y se identificó que existían 62 zonas metropolitanas que involucran 338 municipios.
Aquí surgen dos conceptos que a lo mejor ha escuchado frecuentemente, y me atrevo a pensar que en el futuro serán aún más frecuentes. El primero es “área metropolitana” y es el área urbana que abarca suelo de dos o más municipios. Tal y como ocurre con Morelia-Tarímbaro y Charo. El segundo concepto es “zona metropolitana”, se refiere a las unidades político-administrativas (municipios) en las que se asienta el área metropolitana. La superficie y la población de la zona metropolitana siempre será mayor que en el caso del área metropolitana.
Este asunto de que una ciudad se extienda hacia dos o más municipios resulta por demás complejo. Aunque los ciudadanos no distingamos en lo cotidiano cuando pasamos de un municipio a otro. En términos de leyes, autoridades y responsabilidades resulta ser evidente. Para 1990 se identificaron 37 zonas metropolitanas con 155 municipios metropolitanos, incluidas las 16 delegaciones del entonces Distrito Federal.
Para el 2020 se registraron 62 zonas metropolitanas involucrando a 338 municipios y concentrando en total una población de 72.8 millones de personas, algo así como el 57.8% de la población del país. Si consideramos que 3 de cada 5 mexicanos viven en una zona metropolitana, podemos afirmar que México es una nación no sólo predominantemente urbana, sino metropolitana.
La superficie que ocupan estas áreas urbanizadas en los municipios metropolitanos representó en 2020 poco más de 12,000 kilómetros cuadrados. Esto representó que, en promedio, durante los últimos diez años del siglo pasado, la expansión metropolitana ocurrió a un ritmo de 230 kilómetros cuadrados al año, en tanto que para la década de 2010 el promedio fue de 123 kilómetros cuadrados. Obviamente, este ritmo de crecimiento indica un modelo de dispersión urbana significativo, y la densidad de población promedio en las zonas metropolitanas en 2020 fue de 56 habitantes por hectárea.
El escenario anterior describe una complejidad sin precedentes, si se considera que la base de nuestro sistema político es el municipio, y la autonomía constitucional de los Ayuntamientos es un tesoro nacional. Es inevitable considerar que al corto plazo será necesario una modificación del marco de actuación urbana, para garantizar la gobernabilidad, la viabilidad ambiental y, sobre todo, la calidad de vida de quienes, a querer o no, habitamos una zona metropolitana, en la que, pese a múltiples convenios firmados, no hay acuerdo entre las autoridades sobre la dirección que se deberá seguir en materia urbana o mejor dicho, metropolitana, en materia, por ejemplo, de movilidad urbana, suministro y distribución de agua, equipamiento urbano y vivienda, por mencionar sólo algunos.
