Una investigación realizada entre 2010 y 2011 por los organismos de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y la agencia antidrogas estadounidense DEA lograron obtener pruebas sólidas de que el Cartel de Sinaloa aportó entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña de Andrés Manuel López Obrador cuando fue candidato presidencial en el año 2006.
En dicha investigación la Fiscalía Federal realizó reportes confidenciales y obtuvo grabaciones de audio donde testigos del Cartel de Sinaloa y del círculo cercano del actual presidente de México participaron directamente en la entrega, recepción y canalización del dinero confirmando el financiamiento ilícito.
El gobierno de Estados Unidos comprobó que la financiación fue entregada por Arturo Beltrán Leyva a miembros del equipo de campaña de Andrés Manuel durante dicho proceso electoral a nombre del Cartel de Sinaloa y a cambio la organización criminal pidió contar con protección y tener el derecho a participar en el nombramiento del Procurador General de la República si López Obrador ganaba la elección presidencial.
Arturo Beltrán Leyva, alias “El Barbas”, era parte de la cúpula en el organigrama de la llamada Federación asociada con los narcotraficantes Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, e Isamel Zambada García, alias “El Mayo”, por mencionar solo alguno de los mayormente conocidos.
Por su parte, en el Cartel de Sinaloa el principal responsable de hacer las negociaciones fue el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, uno de los principales socios de Arturo.
Del lado del equipo de AMLO los responsables de recibir el dinero para la campaña fueron personas cercanas al presidente, uno de ellos Nicolás Mollinedo quien era el inseparable chofer de Andrés Manuel en ese entonces y trabajaba con él desde el año 2000 hasta el 2014, además saltó a la fama por ser el conductor del Tsuru blanco en el que López Obrador siempre se transportaba cuando fue jefe de gobierno de la CDMX.
La otra persona relacionada es Mauricio Soto Caballero actual miembro del congreso nacional de partido oficial Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Soto Caballero ha trabajado con AMLO durante 18 años a partir de 2004 y ha sido operador en las campañas presidenciales de López Obrador en los años 2006, 2012 y 2018.
El tercer involucrado es Francisco León García, alias “Pancho León”, empresario dueño de minas de mármol y fue candidato senador por parte del PRD en el estado de Coahuila en 2006, no ganó y en marzo de 2007 desapareció de Saltillo, Coahuila y hasta ahora no se conoce su paradero.
La cuarta persona involucrada es Emilio Dipp Jones empresario que tenía actividades económicas en Coahuila y Acapulco, esta última estaba bajo el control de los Beltrán Leyva.
El documento en el que se expresa todo lo anterior es nombrado “Operación Polanco”, elaborado por la DEA región Norte y Centroamérica, oficina Ciudad de México y la División de campo de la DEA en Nueva York, Fuerza de Ataque Contra el Crimen Organizado y Control de Drogas, se explica la columna vertebral de todo lo sucedido y se expresa que a fines del año 2005 inició todo durante una reunión celebrada en un hotel en Nuevo Vallarta, Nayarit.
