Morelia, Michoacán- Es necesario que los fraccionadores y los municipios cumplan sus obligaciones, para que los compradores de vivienda cuenten con la garantía de que están invirtiendo correctamente su patrimonio, subrayó la diputada Mónica Valdez Pulido, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
Este jueves la diputada por el Distrito de Zacapu presentó una iniciativa para reformar el Código de Desarrollo Urbano, la Ley Orgánica Municipal, la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, y la Ley Orgánica de la Administración Pública, con el fin de garantizar desde la norma, certeza a los compradores de vivienda sobre su patrimonio.
“Las autoridades municipales deben garantizar la realización de las obras inconclusas u omisas de los fraccionadores, sin menoscabo de las sanciones a que se hace acreedor el fraccionador, lamentablemente muchas personas se han visto perjudicadas y víctimas de este tipo de incumplimientos tanto de los fraccionadoras como de los municipios, en una especie de corrupción que no solamente mina sus finanzas sino también sus derechos de la ciudadanía, sin contar que la población se queda con muchas expectativas, ya que se siente engañada”.
Mónica Valdez apuntó que tal situación ocurre, por ejemplo, con las personas que de buena fe compran una casa y el Municipio no puede ofrecerles todos los servicios a los que está obligado –agua, alumbrado público, seguridad, limpieza, etcétera- porque el fraccionador no ha cumplido con sus obligaciones al 100 por ciento.
“En el mejor de los casos los nuevos colonos tendrán que esperar algunos meses hasta que el empresario constructor pueda entregar el fraccionamiento al municipio, con vialidades, áreas de donación, equipamiento, etcétera, y entonces ya se pueden ofrecer los servicios en su totalidad”.
Destacó la necesidad de que los fraccionadores y los Municipios cumplan sus obligaciones, para que los compradores de vivienda cuenten con la garantía de que están invirtiendo correctamente su patrimonio, con la garantía de que no les fallarán, ya sea el desarrollador o el propio municipio.
“Las autoridades deben ejecutar las garantías cuando sea necesario, pero para ello es importante dejar de otorgar permisos de venta si no se cumple con todos los requisitos y que el municipio cumpla a cabalidad el derecho a la ciudad de sus gobernados”, recalcó.
En el caso de adjudicación de obra, el ayuntamiento sancionará a los desarrolladores inmobiliarios que incumplan o incurran en obras de urbanización inconclusas y no sujetas a las especificaciones y diseño contenidos en la autorización definitiva de acuerdo a lo establecido en el Código de Desarrollo Urbano del Estado, y hará efectiva la garantía determinada en el mismo ordenamiento, además el municipio deberá llevar a cabo la terminación de las obras inconclusas o faltantes en el desarrollo, garantizando así a sus gobernados el derecho a la ciudad.
