El facultar al INEGI a que investigue el patrimonio de todos los mexicanos, es un atentado en contra de la democracia, ya que representa un orden totalitario, con el que se anularían muchos de los derechos y libertades alcanzadas durante décadas, consagrados en nuestra Carta Magna, subrayó el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez.
El líder de la bancada perredista, en la sesión de mañana jueves, fijará postura sobre la propuesta de Morena: facultar al INEGI para indagar la vida y propiedad privada de las personas, de la que considera es una iniciativa propia de los regímenes autoritarios.
Con esta propuesta que promueve el partido en el poder, hizo mención que se violarían garantías establecidas en nuestra Constitución, leyes y acuerdos internacionales signados por nuestro país, como el derecho de audiencia, con garantías, plazo razonable, ante jueces y tribunales imparciales y competentes.
“Se atentaría con el derecho que tiene toda persona a la propiedad privada; al uso y goce de sus bienes; y que cuando se le prive de éstos, por un interés social, reciba una indemnización justa, así también a la igualdad ante la ley; a la protección judicial que la ampare contra actos que violen sus derechos reconocidos en la Constitución, leyes y convenciones firmadas por México”, subrayó.
Tras rechazar la propuesta, Antonio Soto recalcó que dicha iniciativa atenta contra el principio de legalidad, en su más amplia interpretación procedimental, al anular la protección de datos personales, violando con esto al derecho a la privacidad e intimidad.
“Nadie puede ni debe atentar contra el derecho humano a la legalidad, ni a la protección de identidad, queda claro que la intención de fondo, es establecer las bases de un Estadio totalitario”, sostuvo el legislador.
Una verdadera izquierda, dijo, aspira a la instauración de un Estado Social y Democrático de Derecho; por lo que, convocó a la unidad nacional para defender los derechos de las y los mexicanos y no permitir que se continúen destruyendo las instituciones.
“México requiere un nuevo orden fiscal que aumente la recaudación, haga crecer la base de contribuyentes, elimine regímenes de excepción, establezca mediante reglas claras impuestos progresivos a la riqueza, al ingreso y al consumo y sea además auténticamente federalista, dotando a estados y municipios de potestades tributarias”, enfatizó.
Nuestro país, recalcó, no debe aspirar a una sociedad de pobres a la espera de la caridad pública como hoy lo hace el Gobierno Federal, con la condición de que, para recibirla, deban seguir siendo pobres y se comporten como una clientela política y electoral cuando el dador de la ayuda lo necesite.
Por ello, llamó, a quien gobierna el país, a garantizar una serie de derechos universales como son: el empleo productivo y bien remunerado y con prestaciones sociales en especie y económicas; a la alimentación suficiente y nutritiva, a la vivienda digna: agua potable, luz y drenaje; a la educación gratuita y de calidad hasta el postgrado; a servicios de salud universales, Integrales, con acceso efectivo a los servicios, de calidad y con protección financiera; a la seguridad social universal con seguro de desempleo, vida, enfermedad e invalidez, cesantía en edad avanzada, pensión y guardería.
Antonio Soto pugnó por luchar para que nuestro país tenga un estado democrático y social de derechos, bajo los principios de igualdad, libertad, fraternidad y justicia; por lo que, se debe defender, desde todas las trincheras, las conquistas históricas plasmadas en nuestra Constitución, y a las instituciones y órganos autónomos, ante la amenaza de retroceder.
