Morelia, Michoacán. – Con hechos, el Gobierno que encabeza Silvano Aureoles Conejo consolida acciones afirmativas en materia de transparencia y rendición de cuentas, siendo la entidad pionera – a nivel nacional –, en la calidad de los trámites y servicios que presta la Administración Pública Estatal, ya que través de la Secretaría de Contraloría de Michoacán (Secoem), se han logrado concretar resultados por medio de la Unidad de Mejora Política de Auditoría y Gestión Pública.
Único modelo nacional, que se impulsa para cumplir con el compromiso con las y los michoacanos, para el desarrollo organizacional de los Órganos Internos de Control, para la práctica de auditorías, revisiones, inspecciones e investigaciones, así como en materia de control interno y evaluación de la gestión gubernamental.
Así lo dio a conocer el titular de la Secoem, Francisco Huergo Maurín, quien señaló que, como parte del Plan 20-21, anunciado por el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, para que Michoacán siga avanzando, la dependencia a su cargo marca pauta y pone el ejemplo en la elaboración y propuesta de políticas, lineamientos, manuales y mecanismos para el desarrollo, modernización y mejora de la gestión de las dependencias, coordinación y entidades de esta administración.
Lo cual, sostuvo, es resultado de las nuevas funciones y facultades de la Secretaría de Contraloría que adquirió tras la puesta inminente del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en la entidad, que se reflejan en el Manual de Organización de la Secoem, conforme a nuevo reglamento.
Eficiencia de los procesos
“Para evaluar un avance, un objetivo y una meta, lo primero que se tiene que hacer es homogenizar y sistematizar la información, lo cual nos permite medir los alcances y lo que estamos haciendo”, afirmó la directora de la Unidad de Mejora Política de Auditoría y Gestión Pública, Celia Martínez Aguilar, quien señaló que, a través de esta unidad, se facilita ese quehacer institucional.
Desde mayo de 2019, especificó, la Unidad se ha dedicado a mejorar todos los procesos de la Contraloría estatal, en apego a los lineamientos del Sistema Anticorrupción, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como la oficina del Gobernador.
Es decir, todo aquello que enmarca la construcción de un gobierno con vocación de transparencia, con políticas públicas efectivas para construir una entidad más honesta e incluyente, a través de la rendición de cuentas y la participación ciudadana, teniendo el compromiso de recuperar la confianza en las instituciones y el gobierno, a través de la apertura de espacios que permitan transparentar el quehacer de las personas servidoras públicas.
Por tal, en cumplimiento de manera puntual con lo establecido en dichas normas, para este primer semestre de 2020, la Secoem emitirá el Manual de Procedimientos y Lineamientos de Auditoría, lo que brindará una respuesta homogénea de los Órganos Internos de Control en materia de transparencia.
“Indicará los pasos a seguir y los tiempos para realizarlo, puesto que la finalidad es que nada se quede rezagado, sino que todos los casos sean vistos, analizados y finalizados, en tiempo y forma, con apego a la normatividad”, enfatizó la servidora pública.
¿Por qué crear esta unidad?
Huergo Maurín, a dos años de su administración en este Órgano Estatal de Control, tras poner orden en casa con la intervención de todos sus integrantes, para una planificación y división de tareas establecidas, es que se propuso crear esta unidad.
Ello, como parte de la adición de las diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado, que coadyuva decididamente en la práctica de un buen gobierno.
En ese contexto, el funcionario estatal manifestó que esta Unidad de Mejora Política de Auditoría y Gestión Pública, es el área que apoya a la Secoem para la normalización, actualización de lineamientos y, sobre todo, propuesta de mejora y de reorganización de todas sus direcciones y de los procesos, en materia de simplificación y propuestas de integridad.
Para así estar en posibilidad de cerrar y entregar este gobierno sin preocupaciones o reclamaciones futuras, cuando la administración llegue a su fin.
Y, ¿por qué trabajar la integridad en servidores públicos?
“Para el mandatario michoacano, y esta administración, la promoción de la transparencia, la integridad de las y los servidores públicos y la actualización del código de ética, debe permear más en la cultura institucional y a la vez, en el quehacer de las y los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo”, señaló el secretario Huergo Maurín.
Por ende, en respuesta a los acuerdos signados en el Sistema Anticorrupción, la Secretaría de Contraloría de Michoacán elaboró el Código de Ética e Integridad para la administración del Estado, con el cual, este año, empieza la ruta de capacitaciones fuertemente en las dependencias y entidades.
Lo cual, está alineado a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y también con lo correspondiente a nivel federal, en el que se da a conocer tipo de sanciones (amonestación verbal o escrita, suspensión, inhabilitación o inclusive separación del cargo), dependiendo del nivel de la gravedad de esa falta.
Con ello, se efectúa, en un marco de legalidad, honestidad y transparencia, el desarrollo de acciones preventivas, correctivas y de corresponsabilidad ciudadana.
Secoem consolida acciones con los ciudadanos
Aunado a estas acciones, la Secoem realiza diversas actividades con el apoyo de los ciudadanos, claros de que es la única vía como se logrará consolidar un combate más efectivo a la corrupción.
Por lo que, a través de la Contraloría Social se mantiene contacto permanente con diversas instituciones, entre ellas educativas.
Así también con las autoridades locales, con el objetivo de aportar y contribuir que en los 113 municipios de Michoacán se apeguen a los lineamientos que rigen las normas en materia de transparencia y rendición de cuentas. Y, de la misma forma, mediante los Órganos de Control en las diversas áreas de la administración estatal se realizan acciones preventivas en materia de corrupción.
