La Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, que preside la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI), aprobó por 16 votos a favor y 14 en contra, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de creación del Padrón de Agresores contra Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Alerta de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes.
Herrera Anzaldo explicó que el dictamen es una propuesta para crear dos mecanismos de protección a la niñez y la adolescencia. El primero es la creación del Padrón de Agresores contra Niñas, Niños y Adolescentes, el cual pretende identificar aquellos que con sentencia firme hayan sido juzgados como agresores de menores.
El segundo es el Mecanismo de Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes que pretende servir de manera similar a la Alerta de Género, permitiendo focalizar e identificar territorios específicos donde se den casos de violencia, a fin de generar una respuesta más pronta, articulada y coordinada entre los diferentes órganos de gobierno.
Indicó que la violencia contra este grupo poblacional ha ido en aumento. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de 2022 a 2023 el delito de lesiones contra niñas, niños y adolescentes se incrementó 36.2 por ciento.
Por su parte, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) registró al tercer trimestre de este año que el 9.8 por ciento de los hogares en zonas urbanas experimentó algún tipo de violencia en la que un 24.5 por ciento de las ocasiones las y los involucrados eran menores de edad.
“Preocupa que la violencia contra los menores pasó de 19 mil 194 casos en 2020 a 32 mil 474 en 2022, así como los casos de violencia sexual, los cuales aumentaron de 4 mil 205 en 2018 a 9 mil 959 en 2022, mientras que la violencia digital afectó al 8.8 por ciento de usuarios de 12 a 17 años”, subrayó la legisladora.
El diputado Gustavo Contreras Montes (Morena) dijo que se debe proteger a niñas, niños y adolescentes; sin embargo, ya se han aprobado los recursos para 2024 y el dictamen tienen un impacto presupuestal, por lo cual su voto será en contra. “No podemos comprometer un presupuesto de otros rubros, no sabemos a qué le vamos a quitar, cuánto y dónde se implementará”.
La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (PAN) afirmó que el impacto presupuestal es de ceca de 140 millones de pesos que pueden obtenerse de los excedentes petroleros, subejercicios y reasignaciones, para iniciar los trabajos de este registro y la operatividad de una alerta general. “Consideramos que es urgente, porque niñas y niños están en condiciones de mayor violencia”.
La diputada Marisol García Segura (Morena) manifestó que en el dictamen se contempla que no necesita presupuestarse para 2024 sino hasta 2025, lo que compromete el presupuesto en el contexto de un cambio presidencial puesto que no se conoce el Plan Nacional de Desarrollo y sin un control adecuado de la base de datos, pues es muy probable que se revictimice a los niños, niñas y adolescentes.
Del PRI, la diputada Norma Angélica Aceves García, comentó que la implementación de una alerta de violencia no implica que legisladoras y legisladores lleven a cabo funciones administrativas, puesto que al impulsar reformas legislativas es la razón del Poder Legislativo.
La diputada Paulina Aguado Romero (PAN) indicó que con este dictamen se puede fijar un precedente que marque la línea del trabajo legislativo en pro de la niñez y adolescencia. “Yo sugiero que se vote a favor porque estaríamos haciendo lo correcto para atender a la niñez y adolescencia, y posteriormente ir avanzando en el tema de asignación presupuestal”.
De Morena, la diputada María Guadalupe Chavira De La Rosa señaló que hay varios estados del país que han estado haciendo un esfuerzo en articular los padrones de agresores no solo en el tema de infancia, sino de mujeres, por lo que se debe hacer un esfuerzo de coordinación con las entidades del país, en virtud de que este tema es de prioridad.
La diputada Yolis Jiménez Ramírez (Morena) consideró que es una iniciativa perfectible y con buena intención, pero pidió considerar antes la construcción de los lineamientos de este padrón, así como saber cuánto tiempo estará en el padrón la persona agresora. “Se debe trabajar de manera más detallada en esta iniciativa”
Aprueban cuatro opiniones a iniciativas
Las y los integrantes de la Comisión aprobaron por 29 votos diversas opiniones a iniciativas en materia de transporte de estudiantes, adopciones, derecho a la prioridad de niñas, niños y adolescentes, y reclutamiento de menores por parte del crimen organizado.
La primera opinión, propuesta por la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN), reconoce las dificultades que enfrentan las niñas y niños para trasladarse a sus escuelas; por ello impulsa iniciativa para reformar el artículo 43 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a fin de que los diversos órganos de gobierno faciliten transporte. La segunda, se refiere a la iniciativa propuesta por el diputado Anuar Roberto Azar Figueroa (PAN) que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política, para facultar al Congreso de la Unión para expedir la ley en materia de adopciones.
La tercera opinión es al proyecto de la diputada Karina Marlen Barrón Perales (PRI) que busca la armonizar la Ley General de Desarrollo Social, en concordancia con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La siguiente es a la iniciativa de la diputada Leslie Estefanía Rodríguez Sarabia (PRD) que promueve incorporar en el Código Penal Federal el delito de reclutamiento de menores de edad a las filas del crimen organizado.
Dictámenes a puntos de acuerdo
La Comisión avaló por 30 votos a favor cuatro dictámenes a proposiciones con puntos de acuerdo que contienen exhortos a dependencias de gobiernos y entidades del ámbito federal y local, en materia de violencia contra niñas, niños y adolescentes, reclutamiento de menores por parte del crimen, menores afectados por el huracán Otis, y la recomendación 01VG/2023 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León.
La diputada Herrera Anzaldo explicó que el primero es para exhortar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y a sus 32 homólogos, para que refuercen las acciones encaminadas a garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el territorio.
El segundo punto de acuerdo pide al Gobierno Federal y a los gobiernos de las 32 entidades federativas, así como a los del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que valoren la implementación de campañas y programas que prevengan la violencia hacia esta población y realicen acciones específicas para erradicar su reclutamiento por parte de grupos delincuenciales.
El siguiente exhorta al gobierno de Guerrero y los presidentes municipales de Acapulco y de Coyuca de Benítez, para que, a través del DIF estatal, refuercen las acciones y medidas que garanticen la integridad y seguridad de la niñez y adolescencia en orfanatos y casas hogar tras el impacto del huracán Otis.
El cuarto punto de acuerdo solicita a diversas instituciones de Nuevo León para que atiendan la recomendación 01VG/2023 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
