Algunos de sus vecinos regionales han avisado de que emprenderán una ofensiva diplomática contra la cúpula ‘chavista’ para “forzar la celebración de unas elecciones democráticas”.

 

Nicolás Maduro tomará posesión este jueves para un segundo mandato como presidente de Venezuela. Algunos de sus vecinos regionales, incluido Estados Unidos, han avisado de que emprenderán una ofensiva diplomática contra la cúpula ‘chavista’ para “forzar la celebración de unas elecciones democráticas”.

El 10 de enero es el día fijado en la Constitución venezolana para dar comienzo al periodo presidencial. Normalmente, el ascenso al Palacio de Miraflores se escenifica con una ceremonia celebrada en la Asamblea Nacional ante una nutrida representación internacional. Esta vez, será muy distinto.

El ‘quid’ de la cuestión son las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo. Según resultados oficiales, Maduro ganó con un 67% –más de seis millones de votos–, el peor dato del gobernante PSUV desde la llegada al poder de Hugo Chávez, hace ahora dos décadas, teniendo en cuenta el crecimiento del censo electoral en Venezuela.

Maduro rivalizó con Henri Falcón, que ha sido ‘chavista’ y opositor por épocas, y con el pastor evangélico Javier Bertucci, con un 20 y un diez por ciento de los votos, respectivamente.

La Mesa de Unidad Democrática (MUD), coalición disidente, no llevó candidato “porque sus principales partidos y líderes fueron inhabilitados o estaban encarcelados”.

Una parte de la comunidad internacional –el Grupo de Lima, Estados Unidos o la Unión Europea— no reconoció estos comicios que el Gobierno, en cambio, defiende como el punto de partida para resolver la crisis política que Venezuela arrastra desde la muerte de Chávez, hace casi cinco años.

La Asamblea Nacional, en manos de la oposición desde las elecciones parlamentarias de 2015, se ha negado a acoger la toma de posesión de Maduro –que tendrá lugar en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)–, debido a la crisis institucional que estalló tras los comicios de dicho año.

La Asamblea Nacional está en “desacato” por orden del TSJ, al que a su vez el Parlamento considera ilegítimo porque sigue integrado por los magistrados ‘chavistas’ que los diputados venezolanos sustituyeron por otros haciendo uso, precisamente, de sus nuevos poderes.