Con el objetivo de combatir con mayor firmeza la corrupción en el sistema de salud, legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), encabezados por Carlos Alberto Puente Salas, propusieron reformas a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La iniciativa plantea penas de entre 50 y 70 años de cárcel, además de elevadas multas económicas, para quienes roben, retengan, acaparen, trafiquen, comercialicen sin permiso, retrasen sin justificación o hagan uso indebido de medicamentos, vacunas o insumos médicos.
También se proponen sanciones de 20 a 40 años de prisión cuando haya beneficios obtenidos mediante corrupción, de 40 a 60 años si dichas acciones afectan la salud de personas, y hasta 80 años si provocan muertes. Las multas asociadas van de 2,500 a 20,000 veces la UMA, y se incluye la destitución e inhabilitación del cargo público.
En casos de enriquecimiento ilícito, se ordenará el decomiso de bienes no justificados, y las sanciones serán más severas si las víctimas son menores, personas con discapacidad, adultos mayores o integrantes de pueblos originarios o afromexicanos.
La propuesta también incorpora un nuevo capítulo en la Ley General de Salud para tipificar delitos por corrupción en el sector salud, y un título similar en el Código Penal Federal. Asimismo, se actualizará la Ley General de Responsabilidades Administrativas para incluir estas conductas como faltas graves.
El PVEM subraya que la corrupción en salud representa un riesgo directo a la vida y a la dignidad humana, por lo que es urgente aplicar penas ejemplares que disuadan estas prácticas y restauren la confianza en el sistema.
