Grupo México, una empresa que cotiza en los mercados de Nueva York y México, se encontraba en negociaciones con el gobierno federal sobre el futuro de una vía de tren de 120 kilómetros que atraviesa el Istmo de Tehuantepec y que sería parte del proyecto emblemático de la administración actual conocido como el Corredor Interoceánico del Istmo. Este proyecto, encargado a la Secretaría de Marina, había mostrado un progreso limitado y requería el uso de las vías de Grupo México (a través de su filial Ferrosur) para llevarlo a cabo. Además, proporcionaría conectividad adicional al icónico Tren Maya.
Recientemente, se ha revelado que Grupo México solicitó una indemnización al gobierno por un monto de 9,500 millones de pesos. Esta cifra estaría justificada por la importancia estratégica de la infraestructura de transporte que conecta el norte y el sur del país, lo cual aporta “integralidad” a la red ferroviaria nacional de la empresa. Sin embargo, el gobierno consideró esta cifra exorbitante y el 19 de mayo decretó la “ocupación temporal por causa de utilidad pública” de las vías ferroviarias mencionadas.
Grupo México ha sido cauteloso en sus comunicaciones, pero el tema ha ocupado varias horas de la conferencia matutina presidencial y se ha compartido mucha información al respecto. En un principio, se anunció que solo se pagaría la cantidad establecida por la valuación oficial. Sin embargo, más tarde se cambió la narrativa y se indicó que el gobierno no realizaría ningún pago por la concesión estatal que se estaba “recuperando”. En mi opinión, esto complica la situación. ¿Por qué?
Si bien un particular puede negociar casi cualquier acuerdo con el gobierno, esto no aplica a una empresa que cotiza en los mercados bursátiles. Al ser una “empresa pública”, sus acciones están en manos de miles de inversionistas. La empresa y su dirección tienen la obligación de buscar siempre las mejores condiciones económicas para los inversionistas, incluso existe un deber fiduciario en este sentido. No hacerlo, y ver una disminución en el valor de las acciones, puede llevar a demandas legales contra la empresa y su Consejo de Administración.
En este caso, al Presidente hacer público que no se le pagará nada a Grupo México, deja a la empresa con pocas opciones más que recurrir a acciones legales, a menos que el presidente López Obrador cambie de opinión, algo poco frecuente. Si el proceso hubiera sido menos mediático, el litigio se centraría en dos aspectos: a) la justificación de la “expropiación”, y b) la indemnización económica. Sin embargo, al anunciar que no habrá un pago relevante, expone a los directivos de Grupo México a litigios tanto en México como, sobre todo, en Estados Unidos, donde inversionistas como el fondo Invesco Developing Markets Fund tienen más de 23 mil millones de pesos invertidos en la empresa. Hace apenas un mes, en un comunicado, ese fondo destacaba las virtudes de invertir en Grupo México.
