Washington DC., a 11 de marzo de 2020.– La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), bajo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a cuatro empresas mexicanas hoy de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Ley Kingpin) por sus vínculos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la organización narcotraficante los Cuinis, dos organizaciones de tráfico de droga mexicanas aliadas cercanamente.
La acción de OFAC de hoy es resultado de la colaboración con la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la cual ejecutó el proyecto Python, una operación nacional para quebrantar al CJNG mediante una serie de arrestos coordinados, decomisos, y acusaciones; según consta en comunicado de prensa.
“Las organizaciones de tráfico de droga CJNG y los Cuinis han transportado drogas mortales, incluyendo fentanilo dentro de los Estados Unidos, y han usado violencia y corrupción para ejercer su influencia regional,” dijo el subsecretario Justin G. Muzinich. “Los Estados Unidos continuarán exponiendo la red de empresas controladas por los cabecillas mexicanos designados y sus redes de tráfico que intentan infiltrar y abusar del sistema financiero global”.
La primera empresa designada hoy es International Investments Holding S.A. de C.V., una compañía de holding en Guadalajara, Jalisco. Esta empresa es propiedad o es controlada por el líder de los Cuinis Abigael González Valencia y su esposa, Jeniffer Beaney Camacho Cazares, a quienes OFAC designó el 19 de agosto de 2015 porque ayudar a su esposo en sus actividades de tráfico de drogas. La segunda empresa es GBJ de Colima, S.A. de C.V., una gasolinera localizada en Villa de Álvarez, Colima. Esta compañía es propiedad o es controlada por Diana María Sánchez Carlón, a quien OFAC designó el 19 de agosto de 2015, por ayudar a Abigael González Valencia en sus actividades de tráfico de drogas y desempeñar un rol estratégico en la administración de sus activos.
Las otras dos compañías designadas hoy representan intentos de los Cuinis y CJNG de evadir las sanciones y mantener acceso al sistema financiero. Master Reposterías y Restaurantes, S.A. de C.V. funge como el nuevo nombre de Bake and Kitchen, un restaurante en Zapopan, Jalisco, designado el 14 de septiembre de 2017 por ser propiedad o estar bajo control de Abigael González Valencia y Jeniffer Beaney Camacho Cázares. Corporativo Sushi Provi, S. de R.L. de C.V. funge como el nuevo nombre de Kenzo Sushi, un restaurante en Guadalajara designado el 14 de septiembre de 2017 por ser propiedad o estar bajo control del CJNG y los Cuinis. Bake and Kitchen y Kenzo Sushi abrieron nuevas ubicaciones en el área de Guadalajara recientemente.
Además de estas designaciones, OFAC identificó dos nuevos nombres por un negocio de renta de cabañas localizado en Tapalpa, Jalisco, que fue designado el 17 de septiembre de 2015, por ofrecer ayuda material a las actividades de tráfico de drogas del CJNG. Cabañas La Loma en Renta y Cabañas La Loma Tapalpa son los nuevos nombres para Cabañas La Loma, originalmente conocida como Las Flores Cabañas.
ACCIONES ANTERIORES DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS SOBRE EL CJNG Y LOS CUINIS
La designación de la Ley Kingpin de hoy marca la décima primera acción contra el CJNG y los Cuinis, los cuales fueron designados el 8 de abril de 2015, junto con sus cabecillas, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “Mencho”, y Abigael González Valencia, por sus importantes roles en el tráfico internacional de narcóticos. En marzo de 2014, siguiendo una investigación de la DEA en su división de Los Angeles, un juez federal de la corte del distrito de Columbia en los Estados Unidos acusó a los cuñados Oseguera Cervantes y González Valencia por los cargos de ser los principales líderes de la empresa criminal. Las autoridades mexicanas capturaron a González Valencia a finales de febrero de 2015 y él está esperando la extradición a Estados Unidos. Oseguera Cervantes sigue prófugo.
El programa de recompensas del Departamento de Estado ofrece una recompensa de más de 10 millones de dólares por información o datos que lleven al arresto de Oseguera Cervantes. Las pistas pueden ser enviadas a la DEA, al teléfono (+1-213-237-9990), a través de Twitter (@DEALosAngeles), y por (MENCHOTIPS@usdoj.gov).
En previas acciones, OFAC designó un gran número de negocios e individuos vinculados al CJNG y los Cuinis. Previamente los negocios designados en México incluyen centros comerciales, empresas de bienes raíces, empresas de agricultura, una promotora musical, y un hotel boutique de lujo. Muchas de estas entidades han estado ligadas con lavado de ganancias por venta de drogas y representan los intentos del CJNG y los Cuinis de integrase dentro de la economía legal. Sobre la designación de los individuos están aquellos que desempeñan un papel crucial en el tráfico de drogas del CJNG, tal como Julio Alberto Castillo Rodríguez (yerno de Oseguera Cervantes), y aquellos que facilitan las actividades de corrupción en representación del CJNG y los Cuinis, tal como el ahora exmagistrado mexicano Isidro Avelar Gutiérrez y el procurador Víctor Francisco Beltrán García.
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades y el interés propiedad de las entidades designadas que estén dentro de los Estados Unidos o en posesión o control de personas bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, quedan bloqueados y deben ser reportados a OFAC. Las regulaciones de OFAC prohíben toda transacción de estadounidenses o personas dentro (o en tránsito) en los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés propiedad de personas designadas o bloqueadas.
Desde junio de 2000, más de 2,100 entidades e individuos han sido nombrados conforme a la Ley Kingpin por su participación en el tráfico internacional de narcóticos. Las sanciones por las violaciones de la Ley Kingpin fluctúan entre penas civiles de hasta un millón 503 mil 470 dólares por cada violación a penas criminales más severas. El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los 10 millones de dólares. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por violación criminal a la Ley Kingpin.
