El Derecho a la Ciudad
GAS NATURAL Y EL RIESGO DE LA DESINFORMACIÓN
Salvador García Espinosa
A principios del presente mes de mayo la prensa local de Morelia daba cuenta de una protesta vecinal en contra de las obras que se realizaban para introducir una tubería para la distribución de gas natural. Sin lugar a duda, un tema controversial y que amerita la reflexión.
Los vecinos
Con toda seguridad, cuando los vecinos vieron la realización de las obras para construir una zanja en un extremo lateral de la avenida Auditor Guerra, además de los inconvenientes propios al tráfico vehicular y se enteraron de que se trataba de la introducción de una tubería para distribuir gas natural, el temor guío sus acciones. La consecuencia la relata la prensa: vecinos de al menos 11 colonias de la zona sur de Morelia, bajo la consigna de “El gasoducto no va y punto final, realizaron plantón y bloquearon de la avenida Auditor Guerra con la intensión de que las autoridades municipales accedan a clausurar la obra.
Tal vez, cualquiera de nosotros, de vivir en esta zona habitacional densamente poblada, hubiéramos actuado de la misma forma, considerando que la tubería para distribuir gas nos remite a la idea de un “gasoducto”, y esto a su vez, con tragedias en otras ciudades.
El riesgo
Es común observar protestas vecinales al respecto de gasolineras, gaseras y demás instalaciones relacionadas con combustibles. En buena medida, dichas protestas pueden atribuirse a la desinformación que existe sobre el tema, en el caso específico de las gasolineras, los dispositivos de seguridad como válvulas de un único flujo, garantizan que ante eventualidades los tanques se mantengan aislados. De aquí que no exploten cuando un automóvil se pone en movimiento mientras le suministran gasolina, o cuando un automóvil choca con una bomba, etc.
A este respecto conviene señalar que, sin duda, existe un peligro de explosión en una gasolinera. Sin embargo, lo relevante es saber: ¿cuál es la probabilidad de que ocurra esa explosión? A esto se le conoce como riesgo,y otro concepto inherente es el de vulnerabilidad, es decir, la propensión de ser dañados por el peligro. En otras palabras, todos nosotros estamos expuestos al peligro de tropezar y caer, pero el riesgo será mayor para un niño de 3 años que para un joven de 20 años.
En este contexto, se puede considerar que la distribución que se hace actualmente del gas licuado de petróleo o lp, a través de camiones cisterna (pipas) por toda la ciudad, y el que cada casa o departamento tenga un tanque de almacenamiento, es un riesgo mayor, incluso aún mayor porque no existe regulación con respecto a los horarios y las condiciones en que suministran el gas a casa habitación o comercios.
La norma
Las especificaciones técnicas y los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir los sistemas de transporte de gas natural por medio de ductos son objeto de la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SECRE-2010 y, por lo tanto, bajo las responsabilidades y atribuciones al respecto supera por mucho la esfera municipal y son de competencia federal.
La información
La coordinación entre los diferentes ámbitos gubernamentales siempre es difícil de lograr, e incluso para la mayor parte de la población de una ciudad no están claras las atribuciones y corresponsabilidad entre las instancias federales, estatales o municipales. Sin embargo, la autoridad municipal, por ser la de mayor proximidad en lo territorial y administrativo, es a quien se canalizan en primera instancia todas las inconformidades.
En el caso que hoy nos ocupa, resulta fácil advertir que el factor que prevaleció fue la desinformación sobre el tema. La autoridad municipal, al tener conocimiento de las obras y autorizaciones federales debió informar a los habitantes del sector qué tipo de obras se desarrollarían y con qué propósito. Incluso, al saber de lo delicado del tema, fungir como enlace entre vecinos y las instancias federales responsables.
El reto
El caso aquí relatado, lamentablemente no será el último. Las autoridades de los tres niveles de gobierno deberían tener por Ley la obligación de informar las obras y acciones autorizadas, y más aún, en aquellas que la experiencia indica controversia, desde el momento de recibir solicitudes, instrumentar mecanismos para informar y recibir opiniones de posibles afectados. Esto permitiría que antes de otorgar autorizaciones se incluyan aspectos no considerados por la NOM y que son intrínsecos a cada contexto urbano específico.
