Para que en Michoacán el Plan de Desarrollo Integral sea efectivo y un instrumento de vinculación entre la actividad gubernamental y sociedad, en el que todos los sectores sociales participen en su conformación, el diputado Humberto González Villagómez presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Planeación del Estado.
Al hacer uso de la Máxima Tribuna de Michoacán, refirió que las reformas que propone es para que se garantice la participación de la sociedad en la elaboración de este plan y que el Instituto de Planeación del Estado, por Ley esté obligado a publicar los resultados que se están obteniendo, así como vigilar su cumplimiento.
Aunado a ello, el legislador detalló que se busca que el instituto en mención, publique los resultados y que se establezca también que este Plan, esté apegado a las políticas públicas ambientales establecidas en la agenda 2030.
Humberto González expresó que la propuesta es con la finalidad de implementar una institución con tintes deliberativos y de participación, que procura incluir la garantía de máxima publicidad para que se puedan revisar los resultados obtenidos en la aplicación del Plan, y que exista una obligación de publicitar dichos resultados en pleno, apego a los derechos de transparencia y de rendición de cuentas.
El diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado expuso que la adición a la Ley de Planeación al Instituto, busca salvaguardar los esfuerzos realizados en la creación de dicha paraestatal, su ya creada Unidad Programática Presupuestal no implica una carga administrativa sobre el Poder Ejecutivo, pues para el caso concreto, la institución ya tuvo para su ejercicio anual 2019 una asignación presupuestal.
Sin embargo, dijo, con la actividad regular del estado, su permanencia requiere que el rango sea elevado al de ser una institución constituida con la fuerza de la Ley. Que permanezca más allá de la transición del poder, con miras a que las estrategias de larga duración a que se ve obligado a realizar, perduren más allá de cualquier interés transitorio.
Además que como producto público, el Plan Estatal de Desarrollo se vuelve un documento coercitivo, importante al grado de contener los objetivos, estrategias, acciones prioritarias y metas planteadas a largo plazo para lograr los objetivos generales de la Ley.
“Conociendo el lugar en que se encuentra dicho Instituto, la presente reforma busca incluir como parámetro de regularidad de la actividad gubernamental que los objetivos del Estado para que se adecúen a una perspectiva global, con el objetivo de promover el desarrollo sostenible y el cuidado al medio ambiente”.
Recordó que con la adopción internacional desde 2015 de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se hace un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. La integración de dichos objetivos se orienta a la procuración del equilibrio entre los aspectos medioambientales, económicos y sociales.
“La búsqueda del equilibrio depende absolutamente de la intervención de todos los actores que integran nuestra sociedad, y es así, que desde las instituciones creadas para la elaboración de un Plan Estatal deben garantizarse la participación de todos los sectores. Seamos un gobierno abierto, por personas y para ellas”.
Por ello, convocó al trabajo conjunto a los diversos sectores del estado, público, privado, académico y social, “juntos podemos constituirnos en garantes del equilibrio en la actividad del Estado. Su voz, como la de nosotros desde esta tribuna, reflejan un contexto, pero es necesario que dicha voz se traduzca en resultados, y es en esa parte donde debemos crear las plataformas que permitan que lo dicho se transforme en parámetros exigibles”, finalizó.
