Morelia, Michoacán, a 17 de diciembre 2020. – Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 208 y 209 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, la Secretaría de Contraloría (Secoem) del Poder Ejecutivo y el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) firmaron convenio de colaboración para instrumentar, en el ámbito de sus respectivas competencias, la prestación del servicio de defensa pública a los servidores públicos que ocupan y/o ocuparon cargos dentro de la administración pública, y se encuentren sujetos a procedimiento de responsabilidad administrativa.
Así lo dio a conocer el titular del Órgano Estatal de Control, Francisco Huergo Maurín, quien manifestó que junto al presidente del TJAM y Magistrado de la Quinta Sala Especializada en Materia Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas, Sergio Mecino Morales, signaron el convenio de colaboración que permitirá cumplir a cabalidad con las nuevas disposiciones en materia de Anticorrupción, garantizando, con ello, que los procedimientos de responsabilidad administrativa se encuentren ajustados a derecho.
Huergo Maurín destacó que, con la firma de este convenio, se está dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 208 y 209 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, el cual establece el mecanismo para que las autoridades encargadas de la substanciación, cumplan con el derecho del servidor público, de otorgar un defensor de oficio.
Por lo que el propio Tribunal de Justicia Administrativa será quien brinde la asesoría gratuita a las y los servidores públicos, y ex servidores públicos, presuntos responsables, que no cuenten con defensor particular, garantizándoles la presencia de un defensor durante las audiencias de procedimiento, así como atestiguar el debido proceso durante el procedimiento administrativo de responsabilidades.
Al tiempo que subrayó, que con la firma de dicho convenio, se garantiza que el procedimiento de responsabilidad administrativa, se realice con apego a los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos; asimismo, a la legalidad, presunción de inocencia y exhaustividad.
Asumiendo, asimismo, estricta confidencialidad de la información que sea intercambiada o proporcionada con motivo de la ejecución de este instrumento jurídico.
