| Morelia, Michoacán; a 12 de agosto de 2020.- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) informa a madres y padres de familia, estudiantes y público en general que es fraudulenta cualquier información que circule en redes sociales respecto a la posibilidad de adquirir certificados oficiales de secundaria y bachillerato. Ante ello, la SEE los exhorta a evitar la probable compra ilegal de dichos documentos. No sólo quien ofrece a la venta certificados de cualquier tipo, nivel o modalidad educativa comete un delito; quien los compra y presenta como propios también lo comete. Los certificados originales están sustentados en el historial académico de cada alumno y cuentan con un timbrado infalsificable, por lo que esta documentación sólo se puede obtener cursando el nivel educativo correspondiente y son entregados exclusivamente por las instituciones públicas y privadas facultadas para impartir educación básica, media superior y superior. Por lo anterior, el secretario de Educación, Héctor Ayala Morales pide a la población en general a no caer en este tipo de prácticas que derivan en engaños o estafas. “En la SEE, las autoridades correspondientes permiten a los estudiantes obtener su grado de estudios en educación básica y media superior y superior de manera legítima. Hay opciones públicas y privadas escolarizadas, abiertas y a distancia que permiten a todos los michoacanos tener un certificado legalmente”, señaló. Informó que para realizar cualquier trámite se deben consultar las fuentes oficiales de la Secretaría de Educación Pública, (SEP), así como de la Secretaría de Educación en el Estado. Es importante subrayar que a todo aquel que se sorprenda promoviendo la expedición y uso de un documento que no sea realizado por la autoridad competente puede constituir en la comisión de un delito, del orden federal o fuero común, bajo lo señalado en los supuestos del artículo 299 del Código Penal para el Estado de Michoacán y artículo 243 del Código Penal Federal, que contempla una pena tratándose de documentos públicos, con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días de multa. Por lo anterior la SEE exhorta a la población en general a estar alerta ante la posibilidad del engaño y no contribuir a las malas prácticas que son constitutivas de actos antijurídicos. |
