Morelia, Michoacán, a 21 de mayo 2020. – A través de la Secretaría de Contraloría de Michoacán (Secoem) se da el seguimiento y se ofrece asesoría para la presentación de la Declaración de Modificación Patrimonial 2020; a la fecha, han dado cumplimiento a esta obligación 2 mil 751 servidores públicos estatales
Así lo señaló el titular Francisco Huergo Maurín, quien informó que respetando las medidas de distanciamiento para evitar la propagación del COVID-19, el personal de la Dirección de Normatividad y Responsabilidades de la Secoem, trabaja desde su domicilio para apoyar a sus compañeros de la administración pública, respecto a las dudas que tengan para realizar el llenado de sus declaraciones del sistema electrónico DeclaraNetPlus; asesoría que se está proporcionando a través del correo electrónico dnrpatrimonial2020@gmail.com
En ese sentido, subrayó que, como cada año, es una obligación de cada servidora y servidor público presentar su declaración anual. Por eso, desde el pasado primero de mayo, en la Secretaría de Contraloría del Estado se ha hecho una cordial invitación, a todas y todos los servidores públicos, a que realicen su declaración anual en la página http://www.declaranet.michoacan.gob.mx/
Huergo Maurín hizo énfasis en que, como integrantes del servicio público, es nuestra obligación caminar con el ejemplo, y nuestra responsabilidad, cumplir en tiempo y forma con este mandato.
Asimismo, señaló que los datos proporcionados por los servidores públicos en las declaraciones de situación patrimonial, son confidenciales, a menos que el servidor público autorice de manera expresa su publicación, dando con ello certeza jurídica de que sus datos serán protegidos conforme lo establecen las normas y lineamientos emitidos por el Sistema Nacional Anticorrupción
Bajo ese contexto, manifestó que, en la declaración, son diversos apartados que se tienen que llenar, tales como: datos generales, experiencia laboral, cargo actual, ingresos obtenidos, modificación de activos, entre otros.
“El cumplimiento de esta obligación constituye una herramienta útil para identificar si el desempeño y objetivo de las funciones de las y los servidores públicos es afectado por intereses personales, familiares o de negocios, causando conflictos de intereses reales, potenciales o aparentes”, afirmó.
