A pesar de los intentos por regularizar los más de 300 centros de rehabilitación de adicciones que operan en el estado de Michoacán, las autoridades sanitarias se han encontrado con la presencia del crimen organizado como protección de estos lugares.
Cualquier intento de supervisión por parte de los inspectores de salud se encuentra con la negativa de los anexos para permitir la entrada, y las autoridades de seguridad pública no acompañan las inspecciones.
Fuentes cercanas al gobierno del estado de Michoacán han expresado su preocupación por la situación en estos anexos. Se ha observado que en los últimos años se han producido masacres dentro de estos lugares en otros estados del país debido a su naturaleza interna.
De los cientos de anexos que existen en todo el estado de Michoacán, solo dos cumplen con las normas oficiales para garantizar un trato digno y los cuidados necesarios para la recuperación de las personas con adicciones. El resto operan según sus propios criterios, e incluso se han denunciado actos de tortura.
Otra preocupación en los anexos es la falta de domicilio establecido por muchas de estas empresas que operan de manera discrecional. Se han encontrado casos en los que, cuando se inicia una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, trasladan su domicilio a otros municipios.
