La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside el diputado Ricardo Mejía Berdeja (PT), se reunió con representantes de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción A.C., (CONAFA), presidida por el maestro Marco Antonio Medina Torres, fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Guanajuato.
Al dar la bienvenida, el diputado Mejía Berdeja destacó la importancia de este diálogo, al subrayar que de nada serviría contar con instrumentos de transparencia y anticorrupción en los poderes ejecutivos si no hay este brazo punitivo que pueda perseguir los delitos que tanto afectan a la sociedad.
Refirió que no debe quedar la sensación de impunidad o de que no se puede hacer nada; por ello, se debe hacer equipo y plantear la situación, para ver qué se puede hacer desde el Poder Legislativo y para eso siempre se contará con el respaldo de la Comisión de Transparencia para ayudar en el combate a la corrupción y así mejorar al país.
En este sentido, resaltó que es fundamental establecer un equipo de trabajo para conformar una agenda conjunta con la CONAFA, con la finalidad de armonizar jurídicamente los temas en materia de homologación de penalidades sobre los delitos de corrupción, autonomía de las fiscalías, prescripción de los delitos, así como el tema presupuestario.
Intervención de diputadas y diputados
La diputada Claudia Rivera Vivanco (Morena), secretaria de la Comisión, preguntó qué se puede hacer con lo que se tiene actualmente para combatir la corrupción, debido a que ningún presupuesto será suficiente para atender las necesidades, pues aún teniendo el recurso material y humano, continúan existiendo deficiencias.
El diputado del PRI, Arturo Yáñez Cuellar, también secretario de la Comisión, consideró importante que el Poder Legislativo tenga vinculación con este tipo de organizaciones, para que se pueda llevar a cabo una legislación acorde a los tiempos que exige el combate a la corrupción. Pidió realizar una mesa técnica donde se analicen las aportaciones sobre la materia.
A su vez, el diputado Gildardo Pérez Gabino (MC) indicó que el combate a la corrupción es simulado, pues hace falta presupuesto, aplicación de la ley, formación política y acompañar a las instituciones del Estado, ya que se ha desencadenado una impunidad que actualmente daña a las instituciones y a la democracia
Del PVEM, la diputada Celia Esther Fonseca Galicia apuntó que es urgente avanzar en la homologación del catálogo de delitos por hechos de corrupción entre estados y Federación, porque hoy un mismo acto puede ser delito en un lugar y pasar desapercibido en otro, lo que genera impunidad, desigualdad y una puerta abierta a quienes lucran con los recursos que deberían servir al pueblo, y frente a ello las sanciones deben ser claras, justas y ejemplares.
Intervención de fiscales anticorrupción
El presidente de la CONAFA, Antonio Medina Torres, afirmó que la lucha contra la corrupción es un tema primordial en materia legislativa que obliga a construir una agenda común, y no puede ser una tarea aislada de las fiscalías anticorrupción ni un simple eje de gobierno.
Tiene que ser, agregó, una política de Estado en coordinación plena entre los poderes de los estados y los tres niveles de gobierno. Por eso, alienta ver que existe voluntad política, que hay comisiones activas que escuchan y quieren legislar con seriedad, pues la corrupción no distingue ideologías partidistas ni clases sociales.
“Es un cáncer que carcome los cimientos de nuestra sociedad; por lo tanto, necesitamos leyes claras, instrumentos eficaces y marcos jurídicos modernos que no solo persigan la corrupción, sino que la prevengan y sancionen de forma contundente”, enfatizó.
Dijo que la lucha contra la corrupción no solo requiere de voluntad política sino de una arquitectura institucional que funcione de manera coordinada, para lo cual es indispensables construir y mantener una agenda común entre las fiscalías anticorrupción y los poderes legislativos estatales y federal.
El fiscal de Durango, Noel Díaz Rodríguez, solicitó la formación de un marco jurídico para mejorar las condiciones de las fiscalías, así como homologar el Capítulo de Delitos por Hechos de Corrupción, toda vez que hay entidades donde existe una gran disparidad sobre las penas de prisión. Citó el ejemplo de Durango donde por el delito de cohecho la penalidad va de tres a 14 años de prisión, mientras que en Coahuila son de dos a cinco años.
El fiscal de Chihuahua, Luis Abelardo Valenzuela Holguín, manifestó que el país no debe esperar más y que el combate a la corrupción es un compromiso y una responsabilidad institucional que se debe asumir con decisión, sin titubeos y sin excepciones. La corrupción –precisó– no solamente debilita nuestras instituciones sino hiere de muerte la confianza ciudadana, obstaculiza el desarrollo y perpetúa la desigualdad entre la gente.
El fiscal de Baja California Sur, Lenin Emiliano Ortiz Amao, aseveró que en México hay dos problemas que lesionan: el crimen organizado y la corrupción. Estableció que para un gran número de mexicanos este tema significa un trampolín político, jurídico, de poder y de dinero. De esta manera, se pronunció por la creación de una ley general en materia de delitos de corrupción que permita establecer penalidades homogéneas.
De Veracruz, la fiscal Stephany Rosas Méndez dejó en claro que el país enfrenta un panorama complejo donde la corrupción ha erosionado históricamente la confianza pública, pero también ha impulsado avances significativos como el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas estatales anticorrupción. Sin embargo, mencionó que aún existen retos y limitaciones en recursos técnicos, en mayor capacitación especializada y es urgente agilizar la cooperación internacional para investigar los delitos que diario viven las fiscalías.
Marisol Sánchez Zamudio, fiscal anticorrupción de Michoacán, resaltó que la corrupción es un tema que trastoca intereses de funcionarios y hasta de políticos. Se requiere de una plena autonomía que permita fortalecer la estructura de investigación de las fiscalías, ya que de acuerdo con el presupuesto que se les otorga pareciera que este no es un tema relevante. Refirió que es necesario garantizar la igualdad jurídica en el país, pues sin homologación cada estado puede tener definiciones distintas sobre un mismo delito.
De San Luis Potosí, el fiscal Felipe Aurelio Torres Zúñiga solicitó continuar este tipo de reuniones, con la finalidad de enriquecer el marco normativo respecto al combate a la corrupción, particularmente para que las investigaciones sean más eficaces y se cuente con un buen castigo para los culpables.
El fiscal de Tlaxcala, Gustavo Tlatzimatzi Flores, recalcó que los delitos anticorrupción requieren también de voluntad política, pues han flagelado durante muchos años, y es el mas grave que un servidor público puede cometer durante sus funciones. Aclaró que los delitos anticorrupción han evolucionado técnica y tecnológicamente, por lo que en coordinación con los estados se debe contar con una capacitación especial y más profesional de los ministerios públicos.
En tanto, el fiscal de Puebla, Jesús Castro Jácome, señaló que la CONAFE está comprometida en dar resultados tangibles a la sociedad, aún con las carencias que se llegan a tener en el manejo de las propias fiscalías. “Nosotros estamos comprometidos con la sociedad, con dar resultados para beneficio del país”.
Odracir Espinoza Valdez, miembro honorario de la CONAFA, respaldó la creación de una ley general para combatir hechos de corrupción, ya que las técnicas especiales de investigación se tienen que incorporar en un marco legal. Destacó que el reto principal es la colaboración interinstitucional.
Aprueban dictamen en sentido negativo
Durante la reunión, se aprobó el dictamen en sentido negativo a la iniciativa que planteaba reformar diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de inhabilitación permanente, promovida por el diputado César Agustín Hernández Pérez (Morena).
