Chihuahua pide al INM acciones urgentes para detener el flujo de miles de migrantes

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El gobierno del estado de Chihuahua pide al Instituto Nacional de Migración (INM) tomar medidas fuertes y urgentes para detener el flujo de miles de migrantes que llegan cada día por ferrocarril a Ciudad Juárez, porque el gobierno federal es el único con la derecho a hacerlo. diseñar e implementar políticas migratorias e instrumentos institucionales.

Por ello, se solicita al gobierno federal dar seguimiento a los acuerdos alcanzados en la reunión de coordinación del 22 de septiembre, presidida por el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, y el general de división del DEM, Norberto Cortés Rodríguez; con Troy Miller, comisionado de CBP del gobierno de EE. UU.; Manuel Padilla, asesor de la CBP y la gobernadora Maru Campos y miembros de su gabinete.

Entre los temas que se acordó tratar de inmediato estuvo la ubicación de lugares estratégicos para el rescate de migrantes en colaboración con la empresa Ferromex, que por el momento no ha dado resultados positivos, debido a que miles de migrantes continúan llegando a la frontera. viajar de esta manera.

Entre otros compromisos, se implementó para reducir la presión en la frontera devolviendo inmediatamente a los migrantes a sus lugares de origen a través de puentes aéreos y terrestres, lo que tampoco sucedió. A pesar de los acuerdos alcanzados en la citada reunión, los flujos migratorios continúan creciendo sin la suficiente atención por parte de las autoridades federales, lo que pone en peligro la integridad de los migrantes y tiene efectos sociales y económicos que afectan hoy a los ciudadanos de Ciudad Juárez. Los cierres de puentes y las dobles revisiones de camiones como resultado de la crisis migratoria han causado pérdidas económicas estimadas en $40 mil millones, junto con impactos relacionados en el empleo y la cadena de suministro. El gobierno del estado de Chihuahua afirma su voluntad de apoyar acciones lideradas por las instituciones federales, porque tienen la autoridad legal exclusiva para intervenir en la política migratoria y tienen el monopolio del uso de la fuerza y ​​los recursos para hacerlo.