El caso del asesinato de Ingrid Escamilla en la Ciudad de México, es un ejemplo brutal de que la violencia feminicida persiste, y que la inacción de las autoridades frente a situaciones de violencia acaba por cobrar vidas de la forma más aberrante, subrayó la diputada Lucila Martínez Manríquez, presidente de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
La legisladora subrayó que no sólo el asesino de Ingrid debe recibir castigo, sino también aquellos servidores públicos que participaron en la revictimización de Ingrid al filtrar fotografías de la escena del crimen, exponiendo y vulnerando inescrupulosamente los derechos de la víctima aunque ésta hubiese ya fallecido.
Apuntó que las informaciones periodísticas han dado cuenta cómo Ingrid, siete meses antes de su terrible asesinato, presentó denuncia por agresiones en contra de su victimario y el asunto fue archivado, sin contar con el debido seguimiento.
“Por eso se hace necesario pensar la posibilidad de que los casos de violencia de género y familiar sean investigados de oficio y no sólo a petición de parte, porque nos encontramos casos en donde muchas mujeres que deciden darle una segunda oportunidad a sus parejas acaban por sufrir situaciones de terror sin que la autoridad actuara para evitarlo”.
Lucila Martínez Manríquez apuntó que el caso de Ingrid evidencia la necesidad de que el Gobierno de la República asuma la responsabilidad que tiene frente al fenómeno de la violencia de género y los feminicidios extendido en todo el territorio nacional.
“Hasta el momento no hemos visto postura alguna por parte de la Federación frente a un caso que ejemplifica de manera cruenta los riesgos que las mujeres de México sufren día a día, y donde las autoridades en un discurso de obcecada austeridad determinaron recortar el presupuestado federal para la atención de la violencia contra las mujeres, optando por guardar los pesos bajo el colchón que el actuar para salvar vidas”, subrayó.
