05 de Agosto 2023
Un análisis de imágenes satelitales realizado por la organización CartoCrítica ha revelado que, al menos, 6659 hectáreas han sido deforestadas como consecuencia de las obras relacionadas con el Tren Maya en la Península de Yucatán. Este proyecto emblemático del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha ocupado un total de 10 mil 831 hectáreas, de las cuales el 61% ha sido deforestado.
El análisis comparó imágenes de noviembre de 2018, mayo y junio de 2023, y demostró que 6659 hectáreas que contaban con cobertura forestal en 2018 ahora carecen de vegetación, siendo utilizadas para construir vías férreas, estaciones, paraderos, zonas de electrificación, patios de maquinaria y caminos de acceso. Esta cifra es equivalente a casi diez veces el área del Bosque de Chapultepec en Ciudad de México y casi 20 veces la superficie del Central Park en Nueva York, Estados Unidos.
De las áreas deforestadas, el 87% (5769 hectáreas) se desmontó o taló sin la autorización requerida por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es responsable de otorgar el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF), pero según el análisis, 16 de las 18 autorizaciones dadas por Semarnat durante 2023 fueron entregadas después de que los terrenos ya habían sido desmontados, incumpliendo con el proceso legal establecido.
Los tramos 4 (Izamal-Cancún) y 6 (Tulúm-Chetumal) fueron identificados como los que registran la mayor superficie deforestada hasta la fecha.
Además, las organizaciones CartoCrítica, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) y la Fundación Heinrich Böll han denunciado la falta de acción por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) en la investigación de denuncias populares relacionadas con las afectaciones ambientales causadas por el Tren Maya.
El análisis de CartoCrítica también señala que la legislación forestal prohíbe el desmonte o tala sin autorización, y el Código Penal Federal considera esta acción como un delito con pena de hasta nueve años de cárcel.
El gobierno ha emitido decretos que han declarado de interés público y de seguridad nacional todas las obras y proyectos federales, incluido el Tren Maya. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional este decreto en mayo de 2023.
Mientras que la Semarnat ha afirmado que las autorizaciones provisionales aún tienen validez, las organizaciones han sostenido que estas no existen en las leyes ambientales y que las obras deberían suspenderse hasta contar con las autorizaciones legales correspondientes.
El Tren Maya ha generado controversia debido a las preocupaciones sobre su impacto ambiental y social en la región de la Península de Yucatán.
