Morelia, Mich., a 13 de febrero de 2018.- “En este sexenio no se ha logrado construir una ética pública, una axiología de servidores públicos que haya dejado en la sociedad mexicana la certeza de que el poder público se está reformando para salir del fango histórico en el que nos encontramos”, aseveró categórico Raúl Morón Orozco, al presentar una iniciativa de reforma al artículo 69 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, con el objetivo de darle certidumbre a la designación de las y los integrantes de la Junta de Gobierno del INEGI, al proponer que uno de los requisitos para aspirar a este cargo será el de no presentar conflicto de intereses alguno.

Esta iniciativa se presenta ante la ambigüedad de la ley que rige actualmente al INEGI, así como evitar que esta misma ley se interprete “a modo” para imponer perfiles a ciertos cargos públicos que en ningún otro caso serían los idóneos, asentó ante el Pleno de la Cámara Altar el senador Morón.

“A esta ausencia vergonzosa de una ética pública, cuyas consecuencias debían haber sido la designación de funcionarios de trayectoria impecable, incuestionable, se le suman el pobre crecimiento económico, la inseguridad, la impunidad y más corrupción. No se castiga, no se denuncia, no hay sanciones para quien comete delitos”, sentenció el Legislador michoacano al presentar dicha iniciativa, a lo que añadió: “Yo convoco a esta Legislatura para que dejemos un legado mínimo de transparencia y certeza que sirvan para construir esa ética política que tanto exige y necesita el pueblo de México. Esta reforma apunta en ese sentido. Convoca a fortalecer a los diferentes institutos descentralizados o con autonomía técnica y de gestión, no dando lugar a la imposición de perfiles políticos o con intereses privados”.

Lo anterior fue mencionado por Morón Orozco ante las fuertes impugnaciones y el mal precedente que dejó la última designación de una integrante de la Junta de Gobierno del INEGI, en abril de 2017: “La desafortunada experiencia que hemos vivido en esta Cámara no se debe repetir y, mucho menos, podemos dejar el vacío en la ley que pueda ocasionar esta ambigüedad que genera procesos de designación de dudosa pertinencia. La ciudadana o ciudadano que llegue a ocupar una silla en la Junta de Gobierno del INEGI debe contar con una trayectoria idónea, el perfil para este tipo de funciones debe ser tanto impecable como más allá de toda duda en su profesionalismo, capacidad técnica y compromiso institucional, sin conflicto alguno de intereses y bajo el imperativo de una ética pública”, ratificó el Senador por Michoacán.

Finamente, Morón Orozco finalizó su presentación con una reflexión: “Estamos en el último tramo de un sexenio sumamente complicado, difícil para todas y todos los mexicanos, y con las instituciones del Estado en una situación lamentable: con muy baja credibilidad, todavía sin esa ética pública que se necesita para rescatar al Estado mexicano de las garras de la impunidad y la corrupción… Estoy convencido que es necesario fortalecer los requisitos que debe reunir un aspirante a ser nombrado como integrante de la Junta de Gobierno del INEGI, y que debemos actualizar la terminología de sus figuras jurídicas en la ley que rige a esta institución, esto para evitar que situaciones lamentables se repitan en nombramientos futuros”.