Presenta Fidel calderón su informe legislativo

 Morelia, Mich.- Septiembre 2 de 2017.- El diputado federal Fidel Calderón Torreblanca, presentó su Informe Anual de Labores ante la asistencia de cientos de personas que se dieron cita en conocido salón del oriente de la ciudad.
Durante este ejercicio de rendición de cuentas estuvieron, entre otros la Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados Norma Rocío Nahle García, el Senador Raúl Morón Orozco, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Michoacán, Marco Antonio Flores Negrete, el delegado del INFONAVIT y coordinador de delegados federales en el estado Julio Guajardo Villarreal, los delegados de Sedesol y de la Policía Federal entre otros servidores públicos federales, la Subsecretaria de Enlace Legislativo Verónica García Reyes, el ex gobernador Fausto Vallejo, así como Presidentas y Presidentes Municipales emanados de diferentes partidos políticos en Michoacán e integrantes de órganos de dirección partidaria de Morena y del PRD.
Aquí el texto íntegro del informe del legislador:

Informe de Actividades del Diputado Federal Fidel Calderón Torreblanca correspondiente al Segundo Año de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Morelia, Michoacán a dos de septiembre de 2017

En atención al mandato recibido como representante popular, presento en este acto público el informe relativo al segundo año legislativo de la LXIII (Sexagésima Tercera) Legislatura del Congreso de la Unión.

Durante el segundo año en funciones, en el pleno de la Cámara de Diputados, realizamos 66 sesiones en las que se aprobaron 226 dictámenes, 18 decretos, 6 nuevas leyes, 8 reformas constitucionales y se reformaron 194 ordenamientos jurídicos.

El de la voz, presentó y suscribió cuatro iniciativas:

Para restringir al Ejecutivo Federal al realizar erogaciones adicionales con cargo a ingresos excedentes;

Para establecer el mecanismo mediante el cual les es retirada la inmunidad constitucional a legisladores y servidores públicos;

Para crear el Consejo Nacional de Política Exterior; y,

Para reconocer y garantizar a nivel Constitucional los derechos de las personas migrantes mexicanas.

Asimismo, presentamos una proposición con punto de acuerdo para promover acciones encaminadas a que los migrantes mexicanos, independientemente de su condición, recuperen de las autoridades estadounidenses las aportaciones de seguridad social realizadas durante su vida laboral en ese país.

Consciente de la correlación de fuerzas políticas que existe en la cámara de diputados, como Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, hemos seguido haciendo esfuerzos por mitigar la realidad financiera de las autoridades locales procurando fortalecer las finanzas estatales y municipales.

La Hacienda Pública muestra una preocupante debilidad en los ingresos de nuestro país, que no permite tener un gasto más dinámico, basta decir que en ello los estados y sobre todo los municipios han llevado la peor parte. En este sentido, el gasto federalizado asignado a Michoacán creció sólo 2.1% en términos reales de 2016 a 2017, si descontamos el efecto de la inflación, las participaciones federales subieron sólo 1.2%, mientras que las provisiones económicas y sociales se redujeron 40.8% en términos reales, únicamente las aportaciones federales aumentaron en un 6.2%, y si bien es cierto que estas (las aportaciones federales) tienen que ver con el gasto educativo y en salud, dista mucho para que este gasto federalizado asuma una lógica real de derechos sociales inalienables y universales.

Consciente de la atribución exclusiva que la Cámara de Diputados tiene en materia de presupuesto promoví y respaldé acciones que condujeron a que, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, turnado por el Ejecutivo Federal, se modificara en:

Mil 951 millones más para educación;

37 mil 621 millones de ampliación para los proyectos del Fondo de Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, Desarrollo Regional y Cultura;

8 mil 439 millones reasignados a SAGARPA; y,

84 mil 627 millones más para el presupuesto en Comunicaciones y Transportes.

En este contexto, en la representación popular que ocupo nos hemos fijado la urgencia de seguir apoyando sin diferencias partidarias, a los habitantes de Michoacán, mediante la gestión de proyectos de obra pública. Por ello, en 2016 y 2017 se ha dado continuidad a las gestiones para fondear más de 200 proyectos de fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal, así como de desarrollo regional y cultura, cubriendo a lo largo de estos dos años a más de 65 gobiernos municipales con la aportación de un total estimado de 400 millones de pesos adicionales a las finanzas locales.

Los proyectos que hemos venido impulsando presupuestalmente representan para las y los michoacanos más vialidades, agua potable, drenaje, electrificación, unidades deportivas, instalaciones educativas, así como recintos cívicos y culturales, con lo cual estamos desahogando con precisión demandas ciudadanas de años, muchas de ellas en zonas aquejadas con índices de marginación considerable.

A su vez, en estos dos primeros años de la LXIII (Sexagésima Tercera) Legislatura pudimos promover la implementación del “Programa de Conversión de vehículos de transporte público para el uso de gas natural como combustible en Morelia”, el cual tiene una meta programada de 1,400 unidades en su primera etapa. Este hecho atiende una añeja demanda del transporte público y, por otro lado, acredita la voluntad política del Estado Mexicano para cumplir los compromisos internacionales ambientales, particularmente los relacionados con el Cambio Climático, además de que el programa está alineado con el acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar que busca atenuar los efectos del gasolinazo.

No obstante que las gestiones promovidas por esta representación popular apuntan directamente al bienestar de la población, resultan insuficientes respecto de las necesidades humanas, reales, de las y los mexicanos. Por eso hace un año que fue entregado el Paquete Económico para el ejercicio de 2017 a la Cámara de Diputados, me pronuncié por un cambio de fondo en la política económica y social de nuestro país.

Así lo hice saber al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su comparecencia del 12 de septiembre, cuando presentó ante el Pleno el rumbo a seguir por las finanzas públicas federales para el año que transcurre. En dicha oportunidad evidencié el endurecimiento de dicho manejo, porque el ajuste a la baja de 239 mil 700 millones de pesos en el gasto programable propuesto para 2017, redujo el gasto social y sin embargo dejó intacto el dispendio en la alta burocracia y los privilegios fiscales de los grupos de más alto ingreso en México.

Asumiendo la responsabilidad de ser secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en reunión con los mandos superiores de la Secretaría del ramo el 28 de septiembre, para el análisis de la política de ingresos para 2017 cuestioné la evasión, elusión y privilegios fiscales para los más ricos de este país; así como la ausencia de un nuevo federalismo hacendario, pero sobre todo, la falta de una reingeniería tributaria progresiva, según la cual los que más recursos obtengan sean los que más aporten.

Insistí en torno de estas posturas en la reunión que sostuve con el Gobernador del Banco de México el 14 de octubre, en la que si bien coincidimos en la necesidad de ajustar la estrategia económica del país, me pronuncié en contra de la liberalización del precio de las gasolinas e hidrocarburos contemplada en el Paquete Económico para 2017.

Como legislador comprometido con los ciudadanos, me opuse rotundamente al llamado Gasolinazo, y no he dejado de advertir que ésta no es una medida aislada, sino que es parte de la errónea política energética derivada del Pacto por México y que se consumó con la reforma constitucional, así como con la legislación secundaria respectiva, que mantiene la carga fiscal de PEMEX en más del 60% de sus ingresos lo que limita su capacidad de modernización y ha expuesto a la compañía nacional a una competencia desleal.

Para 2017, las reformas a las leyes fiscales propuestas por el Ejecutivo Federal favorecieron aún más los intereses privados en el sector energético. El Gasolinazo se ocasionó un año antes de lo previsto originalmente, al anticipar la entrada en vigor de las disposiciones legales que, en condiciones inapropiadas, liberaron el precio de las gasolinas, en perjuicio no sólo de los propietarios de automotores y usuarios del transporte público, sino de toda la población, porque todos dependemos de los productos que al elevarse el costo de su traslado se ha elevado también el precio al consumidor. Mientras tanto, se hizo más conveniente para los privados la forma en cómo deben pagar al Estado Mexicano la extracción de hidrocarburos y se les redujo a las compañías petroleras la carga del Impuesto Sobre la Renta, asimismo, se puso a disposición de las empresas particulares, prácticamente de manera gratuita, la infraestructura nacional para transportar energía.

En esta circunstancia, llamé a colegisladores y compañeros de bancada a oponernos a estas medidas adoptadas en detrimento del Pueblo de México, por lo que 18 diputados, de 60 que entonces tenía el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, votamos en contra del decreto de la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos. En el caso del decreto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta solo siete diputados del Grupo Parlamentario del PRD, votamos en sentido negativo. En lo que hace al decreto de la Ley de Ingresos de la Federación para 2017, debo remarcar que voté en contra junto con otros siete diputados del partido del Sol Azteca, y que presenté sendas reservas a los dispositivos jurídicos que dan pie a liberar los precios de gasolinas. Lamento profundamente que la mayoría del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática haya votado a favor de estas leyes. Pero es más lamentable aún que hayan sido los gobernadores perredistas los que solicitaran a los diputados que votaran en favor de estas leyes que originaron el gasolinazo que golpea duramente la economía familiar de los mexicanos.

Desde la Secretaría de la Comisión Especial para el Seguimiento de los Órganos Reguladores del Sector Energético he asumido una postura enfática en las reuniones sostenidas con la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, he demandado, entre otros aspectos, que no se remate la infraestructura de distribución y comercialización de energéticos de PEMEX a empresas privadas, y que a fin de que participen en la exploración y extracción, se prioricen las necesidades de PEMEX por encima de las empresas extranjeras.

Como integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos estoy atento del proceso de consulta y participación de expertos y representantes sectoriales que precederá al análisis y discusión de la Ley de Aguas Nacionales. Ante el Director General de la Comisión Nacional del Agua, gestionamos 13 proyectos hidroagrícolas correspondientes a 5 municipios con 59 millones de pesos de inversión federal y 16 proyectos de agua potable y drenaje, correspondientes a 9 municipios con 49 millones de pesos de inversión federal.

En cuanto a integrante de la Comisión de Pesca y Acuacultura, promovimos y logramos un incremento de 1,381.7 millones de pesos adicionales a la propuesta original del Presidente de la República, para quedar aprobado el presupuesto del sector en 5,034.4 millones de pesos. Alineamos esfuerzos hacia esta revalorización del sector, por lo que estamos promoviendo que en Michoacán se instrumenten proyectos de maricultura y acuacultura. En el mes de junio ya propiciamos el acercamiento de autoridades municipales a las experiencias de producción de ostión y robalo, con el acompañamiento del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

En reuniones de trabajo con el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ingresamos diversas gestiones a favor de productores michoacanos, y en mi permanente defensa del presupuesto de este  sector productivo, exhorté a dicho servidor público durante su comparecencia ante comisiones, a hacer esfuerzos conjuntos y apoyar actividades productivas exitosas y estratégicas.

Respecto a las Zonas Económicas Especiales, y en particular la del Puerto de Lázaro Cárdenas, en junio de este año sostuve reunión con el Jefe de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, a fin de promover que los municipios de Lázaro Cárdenas, Arteaga, Coahuayana y Aquila se beneficien con los alcances de la Zona de Influencia y participen en la formulación de sus políticas de desarrollo; con el objeto de que las inversiones, el desarrollo económico, urbano, social y humano de este polo garanticen beneficios patentes para la población de los municipios de la región.

Representantes de los Poderes del Estado, representantes de los tres órdenes de gobierno, señoras y señores:

La Teoría General del Estado, en lenguaje  llano, enseña que el servidor público es contratado por la ciudadanía con el objeto de servirle y rendirle cuentas a ella misma, es decir, no son los partidos políticos los entes beneficiarios del servicio público. Lo que sí corresponde a los partidos políticos, es hacer posible que los ciudadanos accedan al ejercicio del Poder Público, vinculados con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

Así las cosas, los partidos políticos no deben ni pueden exigir a sus militantes una pleitesía ciega, en lo que sí se deben ocupar los dirigentes partidarios es en vigilar que los servidores públicos emanados de sus filas, por disposición constitucional, actúen durante el ejercicio del poder de acuerdo a los programas, principios e ideas de cada instituto político.

Lo anterior, dicho de otra manera, significa que los dirigentes y representantes de un partido político como el PRD, que desde su nacimiento a manifestado su oposición a la política económica de los últimos 35 años en este país; que había sido defensor de los Derechos Humanos; y, que exigió siempre respeto al principio constitucional de División de Poderes; nunca debieron someterse a los intereses de quienes han implementado la política económica, para ayudarles a profundizarla con las llamadas reformas estructurales; ni debieran fusionarse con los que han hecho del gobierno de México un referente global de violación de Derechos Humanos; tampoco debieran de imitar a quienes durante décadas han desarrollado practicas absolutistas desde el Poder Ejecutivo pretendiendo el sometimiento del Legislativo y Judicial. Sostengo lo anterior convencido, porque lo he hecho, que se pueden construir  acuerdos sin renunciar a tus principios.

Un síntoma de decadencia y desesperación, es pretender utilizar la procuración de justicia como regulador político, tales síntomas se acentúan más cuando la pretensión proviene de quienes emanan de organizaciones que han sufrido persecución política del estado, por eso, ni en la federación, ni en los estados, deben nombrarse fiscales a modo de ningún grupo de interés. La procuración de justicia no debe ser garrote político, ni garantía de impunidad.

Ratifico mi compromiso con los ciudadanos, con las instituciones y con los principios que siempre he promulgado, por eso el tercer año de la legislatura que integro, me coordinare con el grupo parlamentario de MORENA. Con la militancia de base del PRD no tengo ninguna diferencia, así que les reitero mi cariño y consideración permanente, sé de viva voz de ustedes que tampoco claudicaran y que seguiremos coincidiendo en la construcción de un proyecto alternativo de nación.

Muchas gracias por su atención.

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