Morelia, Michoacán., a 15 de marzo de 2018.- “Para fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción es necesario legislar para contar con una nueva Ley Orgánica para el Tribunal de Justicia Administrativa”, afirmó el diputado Raymundo Arreola Ortega.

Por lo anterior, el diputado priísta presentó la iniciativa de decreto por el que se emite la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con la que se pretender separar la parte orgánica de la procedimental para enfatizar las nuevas competencias del tribunal, de acuerdo con la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción y transparencia de la actividad jurisdiccional.

El legislador explicó que la nueva ley orgánica, además de dar certeza a los trabajadores de dicha institución, prevé la protección a los Derechos Humanos al contemplarse que toda persona puede acudir a hacer valer sus derechos frente actuaciones de las autoridades estatales o municipales o de sus organismos descentralizados.

Explicó que también se establece que el Tribunal cuenta con las facultades, competencia y organización que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y demás leyes aplicables; que forma parte del sistema estatal anticorrupción y está dotado de plena jurisdicción, autonomía e imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones.

El diputado por el distrito de Múgica agregó que se añaden facultades a los magistrados unitarios y al pleno del Tribunal; asimismo, se fijan las atribuciones del magistrado presidente, de los magistrados de las salas unitarias, la secretaría general, secretario administrativo y de los servidores públicos del tribunal, las cuales se ajustan al funcionamiento actual del tribunal.

Se incluye el servicio civil de carrera, los procedimientos en designación, ratificación y remoción; además se fija una clasificación precisa entre trabajadores de base y de confianza.

Recordó que en 2016 se reformaron diversas disposiciones de la Constitución que dieron paso al Sistema Nacional Anticorrupción, el cual planteó la necesidad de transformar al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En julio del año pasado, se expidió a nivel local el marco normativo que conforma el Sistema Estatal Anticorrupción, que constituyó un paso toral para responder a la demanda nacional y local de combatir la corrupción.